La independencia de los mendigos. La Columna Transversal de Paolo Luers

Permitimos que el fiscal, al tiempo que investiga casos que afectan al gobierno y los partidos, tenga que negociar con este mismo gobierno y estos mismos partidos el presupuesto que necesita su institución.

Paolo Luers, 5 mayo 2017 / EDH

Todos hablan de la independencia de la Fiscalía General de la República, pero nadie entra al meollo del asunto: su dependencia presupuestaria.

La situación que tenemos es absurda. Exigimos a la FGR que se persiga la corrupción, sea de quien sea. Perseguir la corrupción significa investigar a fondo a pasados y actuales gobernantes y funcionarios, afectando a todos los partidos políticos: el que ha gobernado antes, el que está gobernando actualmente, y a los otros que hicieron pactos oscuros de gobernabilidad con los gobiernos de turno. Pero permitimos que el Fiscal General, al tiempo que investiga casos que afectan al gobierno y a todos los partidos, tenga que negociar con este mismo gobierno y estos mismos partidos el presupuesto que necesita su institución para operar y para poder llevar a cabo adecuada y profesionalmente estas investigaciones.

No importa quién esté al mando de la FGR, si como persona es corrupto o es honesto, esta es una situación que inevitablemente compromete la actuación de su institución. La independencia que necesita una fiscalía para poder investigar a quien sea que amerite investigación será frágil si para conseguir los fondos requeridos está dependiendo de la buena voluntad de los poderes que está investigando. La independencia de una fiscalía es incompatible con una constante incertidumbre presupuestaria. La independencia de una fiscalía no puede ser sólida si el gobierno o cualquiera de los partidos le pueden aprobar o negar el presupuesto de operaciones.

No estoy escribiendo esto para cuestionar o poner en duda la vocación de independencia del actual fiscal general. Estoy cuestionando el sistema actual que le obliga a negociar sus presupuesto. Estoy cuestionando un sistema que da al gobierno y a los partidos la posibilidad de extorsionar a la fiscalía, o por lo menos a tener influencia sobre el alcance de sus investigaciones, controlando y dosificando con criterios políticos-partidarios los fondos de la fiscalía.

Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua, llegó al colmo de transferir al fiscal general de entonces, actualmente residiendo en Mariona, más de medio millón de dólares de fondos de Casa Presidencial para poder acelerar las investigaciones contra su archienemigo Paco Flores. Incluso si Luis Martínez no haya usado ni un dólar de “refuerzo” para mejorar su vida personal, esta transferencia constituye una aberración institucional. No puede un presidente promover la persecución penal de sus adversarios políticos financiándola con fondos de Casa Presidencial.

Y ojo: Así como un presidente puede hacerle concesiones presupuestarias para promover cierta investigación y persecución, lo puede hacer para que otras investigaciones no se hagan.

Los Acuerdos de Paz, para llevar las discusiones sobre la independencia del sistema judicial del discurso a la realidad, terminaron incluyendo en las reformas constitucionales del 1992 un artículo que garantiza a la Corte Suprema y al sistema judicial un porcentaje fijo (6 %) de los ingresos corrientes del Presupuesto del Estado. Ningún magistrado de la Corte Suprema tiene que sentarse con el presidente ni con la Asamblea para negociar presupuesto.

Lamentablemente, los negociadores de la paz no incluyeron en esta sabia regla a la fiscalía. Ha llegado la hora de hacerlo, ahora que la sociedad salvadoreña ha puesto en la agenda nacional la lucha contra la corrupción y la independencia de las instituciones. De qué forma, no sé. Puede ser que se incluya a la FGR dentro de la cuota constitucional del sistema de justicia, puede ser por aparte. Puede ser mediante una reforma constitucional, o puede ser mediante un acuerdo político entre los partidos. Pero tiene que cumplir un objetivo: Hacer la FGR realmente independiente, y evitar que el fiscal general tenga que andar de mendigo o de extorsionista negociando su presupuesto con los poderes que pueden salir afectados de sus investigaciones. Esta situación es indigna y significa que la justicia siga siendo sujeto a negociaciones políticas.

Si no resolvemos este problema institucional de independencia presupuestaria, ¿qué esperamos que el Fiscal General haga cuando en las próximas negociaciones presupuestarias con Casa Presidencial o con la Asamblea tenga del otro lado de la mesa a personas que tenga que investigar?

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