Un verdadero Tribunal Supremo Electoral. De Erika Saldaña

El Tribunal debe dotar de las herramientas necesarias a cada centro de votación y junta receptora de votos para que el trabajo se desarrolle con fluidez y transparencia.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 1 mayo 2017 / EDH

Un año parece mucho tiempo; pero cuando se trata de organizar y ejecutar las elecciones para miembros de concejos municipales y diputados para la Asamblea Legislativa, un año está a la vuelta de la esquina. El Tribunal Supremo Electoral está obligado a levantarse de su estrepitosa caída en las elecciones de 2015, donde tuvimos que esperar más de setenta días para tener un resultado concreto de las votaciones y donde diversas situaciones nos dieron pena propia.

Si bien es cierto que las elecciones, la forma de votación y el conteo de votos se ha tornado en una tarea compleja debido a los cambios en el sistema ordenados por la Sala de lo Constitucional, esta crítica se disipa cuando solo alrededor del 2.96 % (Parlacen) y 7 % (Asamblea Legislativa) de las personas que se presentaron a votar utilizaron dicha modalidad. Los problemas de transparencia y buen manejo de las elecciones datan de hace varios años; trasladar la culpa a terceros no es más que una forma fácil de lavarse las manos ante la suma de errores cometidos.

A pesar de que la Constitución otorga la calidad de “máxima autoridad” al Tribunal Supremo Electoral en la materia, este todavía no se ha creído completamente su rol; hemos sido testigos de cómo los partidos políticos han manejado a su antojo cada proceso electoral y en muchas juntas receptoras la labor principal de sus miembros y vigilantes ha sido intentar anular el votos de los oponentes. Y en el tema de resoluciones y sentencias que potencien las garantías del voto ciudadano, ha sido la jurisprudencia constitucional quien ha desarrollado criterios específicos ante la inactividad de la jurisdicción electoral.

El trabajo del Tribunal Supremo Electoral debe ser más activo, constituirse como un verdadero contralor y no un simple espectador del proceso. Esto implica, de inicio, la supervisión de la democracia interna de los partidos, la evaluación de los perfiles de las personas que los partidos presenten en sus listas; a pesar de que se trata de cargos de elección popular, es necesario que se verifique el cumplimiento de los requisitos mínimos de instrucción y moralidad notoria, pues, aunque una persona sea popular es inconcebible que los puestos públicos sean ocupados por gente señalada por delitos o corrupción.

Además, el Tribunal debe dotar de las herramientas necesarias a cada centro de votación y junta receptora de votos para que el trabajo se desarrolle con fluidez y transparencia. También debería considerar la posibilidad de implementar la figura de “auxiliares electorales” (establecida en países como Costa Rica y México), quienes son personas presentes en cada mesa de votación encargadas de orientar de manera imparcial y técnica el trabajo de los miembros de las juntas receptoras de votos. Muchas personas preparadas en temas electorales estamos dispuestas a colaborar en el proceso; de esta manera se reducirían los errores cometidos al momento de realizar el conteo de votos, lo cual quedó evidenciado con la recuperación de más de veintiún mil votos en el recuento realizado en la elección pasada.

Es necesario tener presente que el proceso electoral es un pilar fundamental en cualquier Estado de Derecho, por lo que la buena organización y transparencia de los comicios debe ser una preocupación de todos. El Tribunal Supremo Electoral es el principal encargado de que exista plena capacidad de opción de los ciudadanos para elegir a quien consideren que mejor les representa; para que se refleje esa libertad, los votantes deben encontrarse habilitados para elegir entre los diferentes candidatos que permite el pluralismo político, sin que la restricción de la bandera partidaria se haga presente y sin que los errores humanos en el conteo de votos sea un factor que determine una candidatura. El Tribunal Supremo Electoral ya cuenta con presupuesto asignado para ejecutar las elecciones del siguiente año; el dinero es una cuestión trascendental para echar a andar el proceso, pero también es necesario que esta institución tenga conciencia y se crea el rol que ejerce, garantizando plenamente los derechos políticos de todos los ciudadanos. Una vez más, el reto sigue siendo velar por el correcto funcionamiento del sistema electoral, para que los buenos salvadoreños tengamos a los gobernantes que de verdad nos representen.

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