Una nueva Sala de lo Constitucional. De José Miguel Arévalo Rengifo

Será importante aprovechar la elección de diputados, en marzo de 2018, para cuestionar a los candidatos a diputados sobre qué tipo de Sala de lo Constitucional van a elegir para nuestro país.

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, 23 abril 2017 / EDH

Ante la elección de cuatro nuevos magistrados propietarios y tres magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional, que deberá realizarse en julio del próximo año, es propicio que, como ciudadanos responsables, reflexionemos desde ya sobre la importancia de esta elección y sobre los beneficios que colectivamente hemos obtenido al contar con una Sala independiente. He aquí algunos temas a considerar:

La Sala reconoció jurisprudencialmente nuestro derecho de acceso a la información pública, por lo que ahora tenemos una incuestionable protección constitucional ante cualquier maniobra de la Administración Pública por ocultarnos información.
Asimismo, la Sala proscribió la denominada “partida secreta” en el Órgano Ejecutivo, a través de la cual se hizo, durante décadas, un uso indebido de millones de dólares.

Gracias a la Sala, ahora podemos votar directamente por los candidatos a diputados de nuestra preferencia, tal como mandata la Constitución, con lo cual se le quitó a los partidos políticos el poder que se habían otorgado de imponer a las personas que nos representaban en la Asamblea Legislativa. Además, debido a otra sentencia de la Sala, el indignante transfuguismo o fraude al voto popular en la Asamblea Legislativa y en los concejos municipales ahora debe ser una cosa del pasado.

En la misma línea y gracias a las resoluciones de la Sala, ahora se reconoce y respeta nuestro derecho a elegir entre candidatos a diputados de uno o varios partidos políticos, sin que forzadamente debamos limitar nuestro voto por un solo partido, y se admiten las candidaturas independientes. Esto es un importante avance para quienes, por encima de las banderas políticas, buscamos elegir a funcionarios idóneos para el cargo.

Gracias a la Sala, tenemos también importantes resoluciones en materia de salud, luego de que ésta reiterara que, en virtud de la atribución constitucional del Estado de proporcionar servicios de salud como un bien público, debe haber suficientes medicamentos en los hospitales públicos y ninguna persona puede quedar sin recibir atención médica. Además, en otra de sus sentencias, la Sala ordenó a una determinada empresa privada, al Órgano Ejecutivo, a una alcaldía y a la Fiscalía General de la República que tomaran medidas adecuadas ante la contaminación de plomo en Sitio del Niño.

Por otro lado, la Sala eliminó el desigual privilegio que antes tenían únicamente los propietarios, directores, editores y gerentes de los medios de comunicación, quienes no podían ser juzgados por posibles daños al honor o a la intimidad, cuando se comprobaba que en la publicación de una noticia había un ánimo calumnioso o difamatorio. Gracias a la Sala, se ha avanzado en contra del clientelismo en el nombramiento de funcionarios claves cuyo cargo requiere de apoliticidad y objetividad, pero que en la práctica estaban siendo ocupados por “amigos políticos” que favorecían los intereses de un grupo, por encima de los de toda la población.

Gracias a la Sala, tenemos un valioso precedente que prohíbe a los funcionarios y empleados públicos aprovecharse o valerse de su cargo para manifestar su apoyo a un determinado partido político o candidato, reiterando así la Sala que la función pública es un servicio al beneficio de todos los ciudadanos.

Finalmente y gracias al respaldo obtenido por la Sala, la ciudadanía se ha manifestado de forma más contundente a favor del respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Ante escabrosas tácticas como la aprobación del Decreto 743, en julio de 2011, a través del cual se quiso coartar a la Sala, quedó evidenciado que la institucionalidad del país será respetada en la medida en que los ciudadanos así lo demandemos. Por lo tanto, al tratarse de la formación de una nueva Sala de lo Constitucional, quedarnos de brazos cruzados no es una opción.

Ahora es nuevamente la ciudadanía la que deberá asumir un vital e indelegable rol de vigilancia en la elección de los próximos magistrados de la Sala. Para ello, será importante aprovechar la elección de diputados, en marzo de 2018, para cuestionar a los candidatos a diputados sobre qué tipo de Sala de lo Constitucional van a elegir para nuestro país: ¿una que siga avanzando en mayores conquistas que nos beneficien a toda la ciudadanía, o una que ponga en riesgo lo alcanzado y que sea servil a los ruines intereses del Gobierno de turno, como ocurre en Venezuela?

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