Carta a una lectora: Hablemos de prioridades. De Paolo Luers

Paolo Luers, 11 abril 2017 / EDH y MAS!

Estimada señora:
Usted me mandó múltiples mensajes preguntándome, más bien reclamándome porqué no he escrito sobre Oscar Ortiz y Chepe Diablo.

Le voy a contestar. Me quedé callado porque todo el mundo habla de esto todos los días. Esto siempre es sospechoso. Todo está dicho, e incluso un poco más: especulaciones, confabulaciones, y otras novelas. Sólo tendría sentido escribir más sobre este caso si tuviera los elementos para contrarrestar estas novelas, no para alimentar más la leyenda… de Texis. Llegará el momento.

El fiscal general, con todas las limitaciones de presupuesto que con buena razón está lamentando, asignó a 50 (¡cincuenta!) fiscales al caso contra Chepe Diablos. Me surge una pregunta: ¿Qué hubiera pasado si al caso Mauricio Funes hubiera asignado semejante recursos? En este caso (más bien en estos múltiples casos: Probidad/enriquecimiento ilícito, Chaparral, Polistepeque, Odebrecht, el préstamo convertido en donación de Salume…) ni siquiera existe una acusación penal, por lo tanto tampoco orden de captura. Y el caso civil se encuentra en el aire.

Si por ordenes del señor F1 estuvieran 50 fiscales revisando toda la documentación incautada en los allanamientos a las casas de Funes, Vanda, Michi y Mecafé, y si contaran con el mismo apoyo técnico que Estados Unidos está brindando en el caso Chepe Diablo, los periódicos no tendrían tantas páginas que llenar con la novela de un “cartel” acusado de lavado de 215 millones de dólares. ¿Y si los 50 fiscales los hubieran asignado al caso Saca y Cía.?

En este punto me surgen otras dos dudas; la primera: ¿Existen “carteles de lavado”, o reservamos este distintivo para los grandes narcotraficantes?

Y la otra duda, esta sí profunda: ¿Es más importante que alguien lave 200 millones o que otro los robe? Estoy claro que ambos son delitos, pero ¿cuál de los dos hace más daño al país? Me imagino que también un fiscal general tiene que definir prioridades, sobre todo cuando es cierto que le quieren paralizar su trabajo negándole los fondos necesarios para hacerlo bien.

Y ahí me entra la madre de todas las dudas: ¿Cómo es posible que un fiscal general, al tiempo que investiga casos de corrupción muy sensibles, esté obligado a negociar el presupuesto de la fiscalía con el gobierno y con los partidos – o sea con los posibles afectados de sus investigaciones? La respuesta: No es posible. No puede pasar. Es contrario a la independencia del fiscal y su institución.

Como ve, estimada señora, ya me corrí otra vez a otros temas. Pero para mi son más importantes. Sobre todo porque nadie habla de ellos.

Saludos,

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