¡Renuncien ya! De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 marzo 2017 / EDH

En el país de lo increíble, por cosas bonitas como los paisajes y por cosas absurdas como su política, hay declaraciones de funcionarios que se superan por su desatino. En El Salvador, donde el salario mínimo alcanza únicamente para sobrevivir, donde la tasa de desempleo es alta y donde las condiciones laborales de muchos distan de ser dignas, el secretario general del partido en el Gobierno manifiesta que si reducen el salario de varios funcionarios a menos de cinco mil dólares, estos renunciarían porque no les gustaría ganar menos que el presidente de la República.

El problema del servicio público no está necesariamente en sus salarios. Gente muy preparada para un cargo puede darse por satisfecha con un salario de cinco mil dólares, incluso con menos. Y habrá personas poco aptas para un cargo que consideren mísero un salario de varios miles de dólares. Un Estado tiene que pagar salarios justos, que estén acorde al mérito de la persona y a las finanzas públicas del país. El problema del servicio público y, en especial, con los funcionarios de alto rango, es que esos salarios no corresponden con los resultados que esperaríamos en la administración del Estado. Quieren cobrar altos salarios pero sin que les exijamos mucho; o quieren que se les pague por su buen nombre, sin brindar respuestas claras a los problemas del país.

Resulta bastante ilógico que existan funcionarios que ganen arriba de los cargos más altos, y por tanto con mayor responsabilidad, como un presidente de la república, magistrados y fiscal general. Pareciera que nada ni nadie controla la forma de asignación de salarios del Órgano Ejecutivo, y los que antes se curaban con hierbas (como lo dijo una diputada del FMLN en televisión) hoy no pueden prescindir del seguro médico, carros y almuerzos de hotel con fondos públicos.

Otro de los problemas es la arbitrariedad en la creación de plazas estatales. No solo para altos funcionarios, sino para empleados públicos en general. En El Salvador es normal que con cada cambio de gobierno central o municipal, o con el simple cambio de jefaturas, se introduzcan nuevas plazas a la planilla estatal para amigos, familiares o simpatizantes. Aunado a eso, vemos la creación arbitraria de cargos de viceministros y secretarios, o que una misma persona salta entre distintos puestos públicos en labor de todólogos, aptos casi para cualquier cargo que se financie con fondos públicos. Por ello, buena parte del presupuesto general de la nación se utiliza para el pago de planilla, dejando a un lado otras inversiones necesarias para el país.

La grasa del Estado es mucha y es necesario rebajarla, hacer un análisis exhaustivo que determine las plazas estrictamente necesarias; también es urgente homogenizar los salarios públicos, pues no es posible que bajo las mismas labores haya salarios diferenciados. Y por último, que los empleados públicos trabajen con base en resultados; para esto es necesario que exista un control sobre las labores de cada uno, que se introduzcan evaluaciones periódicas de desempeño y que las personas que no trabajen o que no rindan lo suficiente sean reemplazadas.

Hay mucho trabajo por hacer en relación al servicio público. Es urgente la aprobación de una Ley de la Función Pública que profesionalice el servicio civil y por la cual los mejores perfiles se encuentren al servicio del Estado. Para levantar a El Salvador es necesario que expertos reales en muchas áreas se ocupen de los problemas del país, que los profesionales que han alcanzado reconocimiento en base al mérito sean la garantía de que las instituciones están siendo bien manejadas.

Muchos de los funcionarios actuales se han convertido en una élite que únicamente se preocupan por sus intereses y son ajenos a la realidad que viven los salvadoreños; ya que el secretario del FMLN considera que estos funcionarios y técnicos son muy bien cotizados en el sector privado, que nada los detenga en la reivindicación de su dignidad laboral; que nadie les diga que tienen que ganar menos de esos indignos cinco mil dólares. Pero háganlo afuera del Gobierno, sin la necesidad de fondos públicos para mantener su estatus; porque únicamente les pagamos buenos salarios, pero a la fecha no vemos resultados que saquen al país de los problemas. ¡Renuncien ya!

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