La disidencia… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, 9 marzo 2017 / EDH

En las últimas semanas las dirigencias partidarias han publicado las respectivas convocatorias para celebrar elecciones internas. Se trata de un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el que se ordenó elegir a los candidatos a alcalde, diputado, presidente y vicepresidente, así como a las máximas autoridades de los partidos, a través de un procedimiento que garantizara, como mínimo, la participación de la militancia, el voto libre, directo, secreto e igualitario y la posibilidad de impugnar un proceso si se comprueban irregularidades en su ejecución.

Con anticipación a la sentencia de la Sala, algunos institutos políticos “ensayaron” este tipo de prácticas democráticas. Los vicios en la elaboración del padrón interno y el uso de mecanismos como la “votación a mano alzada” o la designación “por aclamación”, nublaron la transparencia de esos primeros ejercicios. Las últimas experiencias nos mostraron un avance centrado en el uso del voto secreto. Sin embargo el principal partido de oposición prefirió elegir, a través de este método, únicamente a algunos de sus postulantes y, en el caso del partido de gobierno, se presentó “planilla única” para los puestos de secretario general y su respectivo adjunto. Para el 2018 los partidos deberán elegir en internas al cien por ciento de sus aspirantes cumpliendo los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional.

Ciertamente esta manera de escoger a quienes competirán por cargos públicos presenta, como mínimo, dos consecuencias. En primer lugar genera un ambiente de apertura en las filas del partido. Las “hábitos” del pasado que permitían los nombramientos de candidatos “a dedo” ya no tienen cabida en pleno siglo XXI. La mayoría de países en América Latina promueven “primarias” en las que participan aquellos líderes que tienen interés de llegar a la Asamblea Legislativa, a las alcaldías o al Ejecutivo. En algunos sistemas los electores no son sólo los afiliados, sino también todos los ciudadanos interesados en que cierta persona alcance una determinada candidatura. Se trata de “primarias abiertas” que se desarrollan en un mismo día por parte de todos los partidos y donde la autoridad electoral supervisa la transparencia del evento. Esta clase de jornada sirve como “termómetro” para conocer el nivel de aceptación de los diferentes pretendientes y puede significar una ventaja para el partido que los postula.

No puede esconderse que esta forma de nominar a los rivales en una contienda por el poder también produce competencia entre los participantes de un mismo partido. Si no se administran correctamente, las elecciones internas pueden generar divisiones y resentimientos que amenazarían, por ejemplo, con aflorar en el pleno legislativo al momento de votar por alguna iniciativa de ley por parte de quien busque la reelección, si no obtiene la candidatura. Las internas también fragmentan el financiamiento político porque los precandidatos buscarán apoyos económicos para dar a conocer, entre sus correligionarios, las promesas de campaña, de convertirse en candidatos y los planes de gobierno en los comicios generales.

Un segundo aspecto tiene que ver con el comportamiento del que se convierte en diputado, alcalde o gobernante del país respecto del partido que lo arropó en el proceso electoral. Un efecto inmediato de las internas y de las primarias es el de empoderar al que resulta ganador. Pasa lo mismo con los candidatos a diputados en un sistema de listas abiertas, como el salvadoreño, donde llega a la “silla curul” el que más marcas consiguió. El electo crea un vínculo con los miles de habitantes que respaldaron sus ideas aunque en realidad se trate del proyecto del partido. Quienes le votaron le exigirán que cumpla su oferta electoral y que mantenga posiciones que coincidan con los intereses de la sociedad. Los partidos, por tanto, más que temer a esta especie de “disidencia”, deben entender que se trata de discrepancias que demuestran el grado de libertad y la capacidad de análisis de sus funcionarios, como en el caso de los partidos estadounidenses, donde demócratas y republicanos examinan cuidadosamente las propuestas que se someten a su consideración. Otra cosa muy diferente es renegar del ideario del partido y avalar creencias que chocan frontalmente con los principios doctrinarios de la organización. Sobre esto último discutiremos en próximas columnas.

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