Roberto Valencia, 22 febrero 2017 / EL FARO
“Siendo entonces que se tiene la certeza de que el joven acá presente, Miguel Ángel Deras Martínez, nunca participó en el delito que se le atribuyó en aquel momento, es procedente dictar un sobreseimiento definitivo”. Con estas palabras, la titular del Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador puso fin el miércoles 22 de febrero a los nueve meses de sufrimiento e incertidumbre vividos por este joven de Quezaltepeque, acusado en mayo pasado por Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de ser uno de los pandilleros que participó en la ‘Masacre de Opico’, ocurrida el 3 de marzo de 2016 y en la que fueron asesinados 11 obreros y agricultores.
El Faro destapó el caso en una crónica titulada ‘La Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado’, publicada apenas una semana después de su detención; sin embargo, el Estado salvadoreño lo retuvo 59 días encarcelado en las bartolinas de la subdelegación policial de Las Arboledas, en el cantón Lourdes del municipio de Colón, La Libertad. Esos dos meses los pasó en condiciones de hacinamiento extremo, privado de visitas, y en calidad de civil en un espacio asignado a la pandilla 18-Revolucionarios.
Un detalle significativo es que cuando policías y soldados lo detuvieron el 17 de mayo en su casa con una orden fiscal, a Miguel le colocaron un revólver, hecho que incluso fue publicitado por la Fuerza Armada en su página de Twitter, y por el que no hay ningún procedimiento sancionatorio abierto.
Miguel recuperó la libertad el 15 de julio, pero el proceso en su contra continuaba. El sobreseimiento definitivo dictado ahora por la juez fue solicitado por la Fiscalía, que terminó aceptando su error, y supone la libertad sin ningún tipo de restricciones.
El atropello sufrido por Miguel no es el único de esta naturaleza. En los últimos meses, se han posicionado en la agenda pública distintos casos de procedimientos con vicios de irregularidad, como el de Daniel Alemán, detenido en la residencial Altavista; el de Wendy Morales, detenida en Morazán; o el de Alvin Carreño, un joven de la comunidad Las Palmas de la capital que ya ha pasado dos años entre rejas, y que aún se enfrenta a una condena porque Policía y Fiscalía lo etiquetaron como pandillero.
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