Mismas reglas, pero hoy el árbitro sí pita. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 30 enero 2017 / EDH

En los últimos años, varios personajes públicos del ámbito político han justificado actos cuestionables en el aforismo símbolo de la mediocridad, el cual reza “siempre se ha hecho así”. Esa respuesta se ha obtenido ante los discusiones sobre la asignación arbitraria de fondos a las mal llamadas organizaciones no gubernamentales (porque el “no” está de más al financiarse con fondos públicos); también ante las críticas sobre lo desfinanciado del Presupuesto General de la Nación, cuando algunas partidas que necesitan millones de dólares cuentan con una asignación de mil dólares para el año, la respuesta ha sido “así se hacía antes y nadie decía nada”; y cuando se cuestiona la necesidad de que los funcionarios y empleados públicos gocen de un seguro médico privado, además de necesario lo consideran una práctica que siempre ha tenido cabida.

diario hoyAl menos en el ordenamiento jurídico, pocas cosas han cambiado desde los años noventa a la fecha. Contamos con la Constitución que fue emitida en 1983 y cuyas reformas más relevantes se hicieron en 1991. La mayoría de las leyes generales son preconstitucionales o tienen ya varios años de encontrarse funcionando. Con las mismas reglas, algunas instituciones que se encontraban “dormidas” ahora ejercen un rol más activo en el control al poder público.

La Corte de Cuentas recientemente aceptó su facultad para investigar el uso del dinero público otorgado a instituciones que no pertenecen al Estado, con lo cual los ojos de la ciudadanía se encuentran puestos en el desarrollo de estas auditorías; también esperamos que la nueva conformación de esta Corte traiga consigo un despegue en la actividad que esta institución contralora está obligada a realizar. Por otro lado, la Fiscalía General de la República también ha tenido un ascenso inédito en sus labores, pues ha demostrado la capacidad de enfrentarse e investigar a cualquier persona involucrada en delitos de corrupción.

Por su parte, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, después de muchos años de encontrarse amordazada, ahora tiene bajo la mira el patrimonio y enriquecimiento ilícito de los funcionarios del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública, una de las instituciones de creación más reciente, ha puesto al alcance de la ciudadanía la posibilidad de obtener información sobre la administración pública que antes era secreta. Y el Tribunal Supremo Electoral está despertando lentamente en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, con la deuda pendiente de adquirir un rol más activo en los próximos periodos electorales que se avecinan.

Las reglas del juego en El Salvador, en relación al correcto funcionamiento de las instituciones públicas, son las mismas que hace varios años. Sin embargo, hoy el árbitro se ha dado cuenta que tiene un silbato que funciona si lo quiere usar. En los últimos años hemos visto que los órganos de control están más conscientes de su rol y entienden que deben tomarse en serio su trabajo, por lo que se refleja más cada acción que realizan por mínima que sea. La actuación de las instituciones públicas puede mejorar a través de reformas legales o constitucionales que faciliten o fortalezcan su desenvolvimiento; sin embargo, el reciente “despertar” de muchas instituciones (que se sintetiza en “hacer el trabajo que les corresponde”) no depende solo de la actualización legislativa o constitucional, sino también de la conciencia de los funcionarios del rol que juegan y de las facultades que se les ha otorgado. Los funcionarios “se creen” su rol y lo ejecutan; en esto radica la importancia de la correcta elección de funcionarios, pues estos deben estar dispuestos a realizar su trabajo a pesar de las críticas y presiones que podrían recibir.

Hemos pasado de una época en la que no se investigaba nada, en la que lo normal era la inactividad de las instituciones y en la que los actores políticos o funcionarios tomaban decisiones sin temer algún tipo de consecuencia; a una época en la que estos mismos actores se encuentran bajo constante escrutinio y cuestionamiento público. Como ciudadanía nos toca poner los ojos en el trabajo de esos árbitros, presionando la continuidad de su labor y la presentación de resultados.

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