Hagan su trabajo. De Sandra de Barraza

Los ciudadanos debemos conocer, con nombre y apellido, todas y cada una de las entidades que reciben recursos públicos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de velar por el uso apropiado de recursos.

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 27 enero 2017 / LPG

La Ley de la Corte de Cuentas de la República es de septiembre de 1995. “La Corte”, dice la ley, “es el organismo encargado de fiscalizar, en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular”. Fiscaliza también la gestión de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo. Y también, fiscaliza la ejecución del presupuesto de los concejos municipales.

la prensa graficaÚnicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer ajustes a su proyecto de presupuesto; la Asamblea Legislativa, por votación nominal y pública, elige al presidente y magistrados que la presiden; la Asamblea Legislativa recibe y aprueba su informe anual. Así es de importante “la Corte”.

La jurisdicción de la Corte es amplia y su trabajo es fundamental. Fiscaliza y controla a todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna, dice la ley. Fiscaliza también las actividades de entidades, organismos y personas que reciben asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.

La tarea de fiscalización incluye desde federaciones de fútbol y otras deportivas, hasta partidos políticos, incluyendo ONG, asociaciones, fundaciones, hogares y más. La tarea de fiscalización incluye desde empresarios de buses hasta lisiados de guerra. Así de amplia y compleja es la tarea porque así de amplia es la distribución de recursos públicos. Pero ¿quiénes reciben recursos públicos?

El presupuesto 2017 del Ministerio de Educación (MINED) es de $941.9 millones. Son $64.3 millones para educación de primera infancia (7 % del presupuesto); son $477 millones para Educación Básica (51 % del presupuesto). Son $86 millones para Educación Media (9 % del presupuesto). A la Universidad de El Salvador (UES) le asignan $72.2 millones (8 % del presupuesto). Y para protección social (uniformes, vaso leche y alimentación) son $105 millones (11 % del presupuesto).

En el presupuesto del MINED, hay $119 millones para “Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades”. Este monto representa el 13 % del presupuesto total. ¿Quiénes son las adscritas? Allí están la Universidad de El Salvador (UES), la Caja Mutual de los Empleados del MINED, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

¿Quiénes son las “Otras entidades” en el presupuesto 2017 del MINED? Son 33 entidades y tienen el calificativo de “Implementadoras de Programas Educativos”. Están con nombre y apellido. Son entidades que ponen en funcionamiento iniciativas para complementar el trabajo del MINED y esto motiva un convenio con responsabilidades definidas.

Entre las 33 Implementadoras de Programas Educativos hay 3 Institutos Tecnológicos de Educación Superior y 4 Escuelas Superiores de Ingeniería. También hay 7 universidades privadas, 11 asociaciones, 4 Fundaciones, 1 Hogar, 1 Federación, 1 Comité y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Las 33 deben ser fiscalizadas por la Corte.

El Ramo de Trabajo y Previsión Social apoya con “subsidio al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado”. El Ramo de Salud apoya al ISRI, al Hogar de Ancianos, a la Cruz Roja, al Fondo de Salud y al Consejo Nacional de Salud. Y también apoyan a “30 entidades de asistencia social”. Las 35 deben ser fiscalizadas por la Corte.

El Ministerio de Economía también apoya otras entidades. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) tiene 14 entidades implementadoras de la estrategia para el desarrollo de la mype. Las 14 deben ser fiscalizables por la Corte.

Y también aparecen en el Ministerio de Obras Públicas, en Medio Ambiente y en Defensa. En todos los casos, las instituciones aparecen con nombre y apellido y son 3 las que deben ser fiscalizadas por la Corte. Con esta lista, la Corte tiene al menos 82 para fiscalizar. No todas reciben subsidio. Los términos deben usarse con sabiduría para no confundir la tarea. Faltan. En el Portal de Transparencia Fiscal no aparecen las entidades que reciben recursos públicos de la Asamblea Legislativa.

Los ciudadanos debemos conocer, con nombre y apellido, todas y cada una de las entidades que reciben recursos públicos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de velar por el uso apropiado de recursos. La Corte debe investigar. La Corte debe darnos certeza. Hagan su trabajo.

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