La antesala del 25 aniversario… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 22 diciembre 2016 / EDH

El año concluye sin Presupuesto General de la Nación, con la denuncia de los trabajadores sobre la ilegalidad en el procedimiento para elegir a sus representantes en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM) y con la amenaza del partido de gobierno de crear una entidad paralela a la Sala de lo Constitucional.

diario hoyA las puertas del veinticinco aniversario del acuerdo de paz el panorama del 2017 es muy desalentador. Las aspiraciones de quienes pretendían aprovechar este acontecimiento para delinear un “pacto” que redujera el alto grado de polarización parecen esfumarse sin ni siquiera haber sensibilizado a los actores políticos. Las maniobras de estos últimos se encaminan más a la lucha “preelectoral” que a la conmemoración de un suceso que enrumbó al país por la senda democrática. Se profundiza la división y el odio de “clases”, se agita a la población en contra de las instituciones y se tuercen las ideas con el propósito de generar un peligroso rencor colectivo.

Las fuerzas políticas no alcanzan a dimensionar el riesgo que representa la frágil situación fiscal del país. El pacto que suscribieron apenas hace un mes se ignora por completo y mientras tanto se continúan encontrando excusas para mantener el endeudamiento público al borde del desplome. Presentar una proyección de ingresos y gastos que “sincere” las necesidades financieras del Estado no debería significar mayor problema. La mala práctica, desde finales del tercer gobierno de derecha hasta la actualidad, de afirmar que el proyecto de presupuesto es “equilibrado” y que no existe la necesidad de contraer más deuda cuando en realidad sucede todo lo contrario, además de incumplir las disposiciones constitucionales que regulan las finanzas públicas, impide resolver el problema de insolvencia de manera definitiva.

Por otra parte la integración del CNSM, en clara violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, la aprobación del aumento del salario mínimo contraria a derecho, tensiona aún más las relaciones entre las autoridades y el sector productivo nacional. Estratégicamente el discurso oficial se ha centrado en la “falta de sensibilidad social” de los empresarios por oponerse a un ingreso digno para los trabajadores. La Asociación Nacional de la Empresa Privada y las gremiales que la integran han señalado su aval al incremento salarial siempre y cuando este se realice cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. De hecho existía un acuerdo entre empleados y empleadores, representados en la entidad tripartita, que el gobierno no atendió.

El tercer hecho político con el que concluye el 2016 fue una nueva agresión a la independencia de los órganos fundamentales del Estado. Por enésima ocasión el oficialismo arremetió contra la Sala de lo Constitucional. Ahora lo hizo durante el festejo de los 33 años de existencia de la Constitución de República. El FMLN Propuso sustituir a esa instancia por un “tribunal independiente”. El partido de izquierda fundamenta su iniciativa, entre otras razones, por las sentencias de la Sala que “han declarado ilegal los nombramientos de funcionarios de la Corte de Cuentas de la República y de la misma Corte Suprema de Justicia”. En los últimos cuatro años, varias resoluciones de esa instancia han apartado de sus cargos a algunos de los titulares de diferentes instituciones, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Legislativa, debido a que los elegidos presentaban vínculos con determinados partidos políticos, porque no se comprobó su idoneidad o como consecuencia de la violación del procedimiento constitucional que faculta a la Asamblea a designar la sustitución de únicamente un tercio de los magistrados de la cúpula del Órgano Judicial. Los argumentos jurídicos de esas decisiones cumplen con la pretensión ciudadana de contar con instituciones autónomas que no respondan a intereses partidarios ni ideológicos.

Ante el comportamiento de algunos funcionarios, diputados y dirigentes políticos, queda como último recurso la presión ciudadana. La sociedad civil organizada ha mostrado su determinación en aspectos muy específicos: la reforma electoral, la investidura de funcionarios de segundo grado cuya conducta se rija exclusivamente por las atribuciones que le prescribe la ley y la lucha contra la corrupción. Ahora es el momento de batallar contra la demagogia, el populismo, el clientelismo político y la falta de acuerdos.

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