Cuestión de credibilidad. De Federico Hernández Aguilar

federicoFederico Hernández Aguilar, 14 diciembre 2016 / EDH

¿Cómo se le cree a un gobierno que promete ser responsable? A menos que se gane ese crédito con hechos, no habría manera. ¿De qué forma puede hacerse digno de nuestra confianza un administrador que nos asegura ser austero con el dinero? Practicando esa austeridad cuando la ocasión se lo permita; de lo contrario, ese administrador nos estaría mintiendo. Y si quienes manejan las finanzas públicas se comprometen a desarrollar ciertas virtudes, a cambio de un acuerdo político, pero en la primera oportunidad que tienen de cumplir lo prometido no solo evitan la virtud sino que obran exactamente con el defecto opuesto, ¿por qué habríamos de creer que esos funcionarios que manejan las finanzas públicas van a respetar cualquier acuerdo?

diario hoyEs suficiente darle un vistazo al proyecto de Presupuesto 2017, presentado por el gobierno en septiembre pasado, para despertar sospechas fundadas respecto de la sinceridad con que nuestras autoridades están buscando resolver el grave deterioro fiscal del país.

Hablemos, por ejemplo, de la famosa austeridad. Esa promesa ha aparecido en el discurso oficial cuantas veces se ha necesitado, pero se esfuma a la hora de ponerla en blanco y negro. Si tantas veces se nos aseguró que, como mínimo, el monto global del presupuesto del año 2016 iba a mantenerse para el siguiente, ¿cómo es que el monto proyectado para 2017 registra un aumento de 97 millones de dólares comparado con el actual ejercicio?

Pero eso no es todo. El presupuesto del próximo año suprime la deuda que el Estado tiene con los trabajadores del Fondo de Pensiones, porque no contempla el pago de capital e intereses de los certificados de inversión previsional. La promesa de austeridad, entonces, queda incumplida a través de dos vías peligrosas: aumenta efectivamente el monto global que registra el gobierno para su proyecto de presupuesto, y encima quedan sin honrarse los 106 millones de dólares que ya en 2016 se habían asignado (por cierto, subestimándolos) al pago de los CIP.
En total, cuando hacemos la suma de las cifras que se reconocen y las partidas que se eliminan, el presupuesto 2017 estaría viéndose incrementado ¡en más de $200 millones!

No solo hacen bien los partidos de oposición negándose a aprobar un presupuesto con estas enormes deficiencias, sino que cumplen con la responsabilidad histórica de evitar que las mentiras gubernamentales lleven al país a la ruina. Si los funcionarios intentan engañar a la ciudadanía, el engaño debe ser exhibido y explicadas sus consecuencias, porque solo votantes bien informados hacen posible que las artimañas de los políticos, en su afán de burlar los controles sobre el dinero de los contribuyentes, vayan siendo cosa del pasado.

Por las mismas razones es que causa asombro que el oficialismo insista en esconder la información de sus financistas y a la vez se empeñe en azuzar a los “movimientos sociales” que le son afines para amenazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde la calle se profieren las peores calumnias contra los miembros del máximo tribunal de justicia del país, mientras visibles figuras del partido de gobierno justifican esas barbaridades en nombre de una libertad de expresión que jamás han entendido.

Vemos por fin a una Fiscalía General de la República haciendo el trabajo que por décadas se había exigido a esa instancia defensora de los bienes del Estado, y saltan a la palestra una serie de objeciones que parecerían destinadas a favorecer la impunidad. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué esas palabras altisonantes contra una labor que más bien debería encomiarse?

Amenazar a los magistrados de la Corte Suprema o poner en duda las investigaciones de la Fiscalía son reacciones impropias de una clase política dispuesta a rendir cuentas y ganarse así la confianza de los ciudadanos. Esa desproporción entre sus discursos y sus actos es lo que les arriesga a perder la poca credibilidad que les va quedando.

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