Uso arbitrario de dinero público. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 diciembre 2016 / EDH

En El Salvador ya pocas cosas sorprenden. Ver el cinismo con el que algunos funcionarios se desenvuelven ya no nos extraña y que estén involucrados en hechos controversiales es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, el veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis se juntaron tantas situaciones cuestionables, relacionadas con la mala administración de fondos estatales y con la corrupción, que un ciudadano decente no puede ocultar el asco que genera observar que estamos rodeados de personas que (por acción u omisión) han afectado los intereses de El Salvador. Ahora ya no solo lo suponemos y elucubramos la probabilidad que existan estas situaciones tan cuestionadas; si alguien era escéptico, ese día lo pudo ver y escuchar con sus sentidos.

diario hoyEn el caso del exfiscal general, dejemos a un lado por un momento la desconfianza que pueda generar la fuente que filtró un video donde se observa que recibe un paquete; es realmente preocupante ver a la persona que tuvo a cargo la defensa de los intereses del Estado recibiendo lo que parece ser un fajo de dinero. ¿A cambio de qué lo recibió? ¿Era una práctica habitual? ¿De quienes más lo recibió? Estas son algunas preguntas que el Fiscal debería estarle haciendo al exfiscal, y ojalá este último preste toda la colaboración de revelar a todos los involucrados.
Pasemos al caso de la exministra de Salud. Para desgracia del Gobierno y “suerte” de los ciudadanos, la exministra reveló algunos indicios de la mal llamada figura de los “sobresueldos”; afirmó haber recibido “complementos” como parte del indigno (?) salario de los ministros, y que estos se recibían en efectivo firmando un recibo. Es necesario poner sobre la mesa la investigación de esta práctica en todas las administraciones gubernamentales y la eliminación de la misma a partir de hoy.

Algunas personas justifican la entrega de dinero público fuera de la ley  como mecanismo para compensar el salario de los funcionarios estatales, al considerar que el dinero que reciben como salario no corresponde al cargo y responsabilidad asignada; sin embargo, es innegable que esta práctica fue realizada de manera arbitraria, sin ningún respaldo legal que la justifique y con todo el oscurantismo que merece ser reprochado. La entrega de “complementos” también es muy probable que haya sido realizada para comprar voluntades, mantener silencios y hasta sobornar a funcionarios en la toma de decisiones; esto es corrupción y tiene que ser investigada en todos los niveles de la administración pública.

Ahora bien, el tema de los indignos (?) salarios asignados a los funcionarios no solo pasa por transparentar las asignaciones presupuestarias y modificar la Ley de Salarios. El salario de un funcionario público no puede ir solamente aparejado al título que se le ha concedido; ese nombramiento debe realizarse con base en la necesidad de que alguien haga un trabajo específico de manera permanente, debe ser supervisado y evaluado para establecer si el trabajo es equivalente a la remuneración recibida.

En El Salvador hemos visto que existe una gran facilidad para crear viceministerios, secretarías, gerencias, direcciones, etc., y que estos cargos sean ocupados por personas que probablemente su único mérito sea pertenecer a un color partidario. Si nos conformamos solo con que se transparente el salario que recibirá un funcionario, sin considerar su aptitud para ocupar el cargo, corremos el riesgo que solamente conozcamos el gran cheque que se lleva una persona que no brinda resultados concretos para el país. Esto nos lleva, otra vez, a la necesidad de exigir que las personas más preparadas y con suficiente mérito sean las que pertenezcan al servicio público.

Por último, una fundación creada y presidida por la esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa recibió más de medio millón de dólares para su gestión. Una situación cuestionable desde una perspectiva ética, dado el claro conflicto de intereses entre quien pertenece a la Junta Directiva que asigna ese dinero y quien lo recibe; pero también es reprochable desde la óptica de la administración de fondos públicos, la cual es arbitraria y se está realizando en fines que no encuentran justificación en un país quebrado.

La olla del uso arbitrario de dinero público está destapada y huele mal; todas las instituciones estatales tienen que idear la forma de limpiarla.

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