La única forma que conozco para resolver problemas entre personas antagónicas es estableciendo mesas de negociación con actores definidos, agendas y procedimientos bien concretos, plazos de tiempo estipulados, con mediadores formales e informales y con equipos técnicos de respaldo que puedan proponer soluciones viables a problemas que a pesar de que requieren de aprobaciones políticas, son eminentemente técnico-financieros.
Luis Membreño, 18 octubre 2016 / LPG
Me voy a concentrar en hacer propuestas bien concretas para que avancemos en la solución de los problemas nacionales de tipo fiscal, económico y de pensiones. Lo primero, y que ha sido muy positivo, es que ya se dividieron los temas y no deben mezclarse nuevamente . Vamos uno por uno.
El acuerdo fiscal es el que se requiere que se concluya entre octubre y noviembre. Dada la velocidad a la que están cambiando los mercados financieros internacionales en perjuicio de El Salvador y de los mercados emergentes, propongo que esta semana se concluya la ley de responsabilidad fiscal, que se mande al archivo la reforma fiscal propuesta por el Gobierno y que se nombre la comisión técnica con expertos nacionales y extranjeros, y contra 
esos resultados que ARENA le autorice al Gobierno la emisión de la totalidad de los $1,200 millones, pero que la utilización sea dividida en dos tramos. Los primeros $600 millones inmediatamente que se obtenga el dinero y los $600 millones restantes contra el acuerdo fiscal completo que incluya el período 2017 a 2020. Lo más probable es que los bonos se puedan colocar a finales de noviembre y que se reciba el dinero a principios de diciembre, por lo que da tiempo suficiente como para que se negocie el acuerdo completo, pero se habrá avanzado en la obtención del dinero antes de fin de año.
El deterioro de los bonos de El Salvador durante octubre le costaría en un bono a 30 años al país $360 millones en intereses adicionales, y si la tasa de interés subiera en los tres puntos porcentuales que había bajado entre junio y septiembre tendremos que pagar $1,080 millones más en intereses en un período de 30 años, es decir que necesitamos emitir lo más pronto posible porque este “impasse” en el que estamos ya nos costó en octubre varios cientos de millones de dólares en 30 años.
El acuerdo por el crecimiento económico debe incluir a los políticos, pero sobre todo es un acuerdo en el que deben participar los empresarios privados, ya que son ellos los que producen la riqueza y la inversión en una sociedad. Se deben generar condiciones políticas y económicas que permitan atraer tanto a inversionistas extranjeros como a nacionales, y para ello es importante tener el apoyo de los empresarios nacionales.
En el tema de pensiones se ha hablado ya hasta la saciedad de la necesidad de crear una comisión presidencial que presente una propuesta de reforma del sistema de pensiones que sea constitucional y de beneficio para los trabajadores, y para ello se requiere que se constituya con expertos académicos nacionales y extranjeros y con un plazo máximo de dos años para que se pueda aprobar la reforma integral después de las elecciones de 2019. Propongo las siguientes personas para que integren la comisión y que tomen como modelo la que constituyó la presidenta Bachelet, de Chile, y que presentó su informe final en septiembre de 2015. Pido disculpas a los que voy a proponer, ya no he hablado con ninguno, pero creo que podrían hacer una contribución enorme a definir un mejor sistema de pensiones para nuestro país.
Propongo que sea compuesta por 13 miembros: cinco salvadoreños, cinco académicos extranjeros y tres miembros de instituciones internacionales. Los nacionales podrían ser cinco de cualquiera de los siguientes seis profesionales conocedores del tema, por si alguno no acepta. Los salvadoreños propuestos son: Luz María Serpas de Portillo, de FUSADES; María Elena Rivera, de FUNDAUNGO; Carlos Pérez, de FUNDE; Carmen Aída Lazo, de la ESEN; Wiliam Pleites, de FOMILENIO II; y Roberto Rivera Campos.
Los cinco extranjeros podrían ser escogidos entre los siguientes siete candidatos: David Bravo, de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión en Chile; Nicholas Barr, del London School of Economics; Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburg; Olivia S. Mitchell, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania; Costas Meguir, de la Universidad de Yale; Joakim Palme, de la Universidad de UPPSALA de Suecia; y Orazio Attanasio, del University College de Londres. Sugiero invitar a tres miembros de organismos internacionales como OIT, CEPAL, BID o Banco Mundial. Un nacional debería ser el que coordinara la comisión.
Espero que estas propuestas puedan ayudar al presidente Sánchez Cerén , al FMLN y a ARENA a buscar soluciones reales en lugar de continuar con diálogos que solo sirven para tomarse fotos y tazas de café, pero que no se concretan en acuerdos que resuelvan los problemas de los salvadoreños. Que el Señor los ilumine, porque los márgenes de acción cada vez se reducen más y el ajuste tendrá que ser más fuerte en la medida que se sigan postergando las decisiones difíciles.
Segunda Vuelta 