Depuración de la planilla estatal. De Erika Saldaña

La mejora de las finanzas públicas y la dignificación del servicio civil implican remover la “grasa” que solo engorda y no ayuda a sacar adelante el trabajo del país. Urge la mejora del servicio civil y la depuración de las contrataciones estatales.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 17 octubre 2016 / EDH

Al hablar de soluciones a la grave crisis de las finanzas del Estado generalmente se hace referencia a las medidas macroeconómicas que podrían tenerse en consideración para apalear el déficit de fondos, a los préstamos, emisión de Letes y uso de fondos de las pensiones; además, a raíz de los distintos casos que han salido a la luz sobre el uso indebido del dinero público, distintas organizaciones y la sociedad civil se han manifestado sobre la necesidad de eliminar el despilfarro y los gastos absurdos. Sin embargo, existen diversas medidas que también ayudarían en el mediano plazo a estabilizar las finanzas públicas y a volver eficiente el aparato estatal, entre ellas, la adecuada regulación y control de las contrataciones del Estado.

Para nadie es secreto que desde hace décadas (y en todos los gobiernos) las distintas instituciones estatales han omitido la selección de su personal con base en la necesidad, mérito y capacidad, estandarizando procesos irregulares en las contrataciones públicas. Un servicio civil idealmente creado para diario hoysatisfacer las características de profesionalidad, honradez y servicio, se ha transformado en la oportunidad de tener un trabajo estable, bien pagado, sin necesidad de acreditar un buen rendimiento, con el mínimo esfuerzo (a veces sin necesidad de presentarse a realizar un trabajo efectivo), con la oportunidad de salir temprano, con vacaciones fijas y muchas otras prestaciones. Trabajar para el Estado ahora es sinónimo de ser empleado con muchos privilegios y pocas obligaciones o exigencias.

A pesar de que esa concepción es realista sobre el estado del servicio público en El Salvador, tampoco es justo generalizar esta percepción. En las instituciones públicas también hay personas sumamente capaces, con los méritos suficientes para el puesto y que realizan sus labores de la mejor manera posible; lo ideal es que la Administración Pública, el legislativo, el sistema judicial, las municipalidades y las instituciones autónomas estuvieran plagadas de estos últimos profesionales y no de personal o activistas políticos que son incorporados a la planilla estatal sin exigencia del cumplimiento de requisitos para los cargos.

Para lograr reivindicar la dignidad del servicio civil y de cualquier funcionario o empleado que recibe su sueldo de fondos estatales es necesario, en primer lugar, efectuar una depuración profunda del sistema. Es urgente realizar un diagnóstico que brinde un panorama completo sobre la situación de la función pública en el país, que incluya nombres, hojas de vida, sueldos y forma de contratación. Con base en este diagnóstico debe determinarse cuántas plazas estatales son realmente necesarias y compararlas con la planilla que hoy se costea.

Lo anterior implica determinar con exactitud las funciones de cada plaza, la homologación de salarios dependiendo del trabajo que se realice y no de consideraciones subjetivas de quienes contratan; además, debe establecerse un mecanismo de contratación objetivo, los requisitos a cumplir para optar al cargo, un método de evaluación periódica a cada miembro del servicio civil y un escalafón acorde a la realidad de las finanzas públicas. Muchos de los elementos anteriores se agrupan en la Ley de la Función Pública que actualmente se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa, con lo cual seguimos conviviendo bajo una multiplicidad de formas de contratación (contratos, ley de salarios, etc.) que han sido distorsionadas o usadas arbitrariamente para beneficios particulares.

Los que trabajamos para el Estado y quienes tienen a su cargo la dirección de las distintas instituciones  debemos tener claro que el trabajo, la lealtad y el esfuerzo se realiza en relación a una institución y no hacia una persona o partido político; la garantía de una mayor calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos, reside en la profesionalidad y honradez de los funcionarios y de los recursos humanos al servicio del Estado.

Trabajar para el Estado debería ser sinónimo de servir eficientemente de acuerdo a las competencias adquiridas, con un salario justo y con la satisfacción de servir a los intereses generales. La mejora de las finanzas públicas y la dignificación del servicio civil implican remover la “grasa” que solo engorda y no ayuda a sacar adelante el trabajo del país. Urge la mejora del servicio civil y la depuración de las contrataciones estatales.

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