Lo público. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 1 octubre 2016 / LPG

El ejercicio del derecho ciudadano a tener acceso a información pública para fomentar transparencia y evitar la corrupción en la administración pública, una y otra vez pone en evidencia las históricas barreras que imponen los funcionarios y empleados para “esconder” la arbitrariedad, la incapacidad y la posible corrupción. Y esto va desde cosas pequeñas hasta seguramente más grandes.

la prensa graficaRecientemente se conoció que los funcionarios públicos de “alto nivel” pueden administrar el inventario de la institución que presiden a su antojo. Cualquiera podría creer que cada institución tiene un cuidadoso registro y control de bienes “muebles y raíces” como dice la Constitución de la República. Cualquiera podría creer que la auditoría interna, esa que se contrata de manera permanente, asume la tarea de controlar periódicamente la existencia y las condiciones de los bienes muebles y raíces. Sin embargo, se tienen casos en que los bienes muebles se “regalan”, y el ejemplo lo ha dado el Ministerio de Defensa.

¿Qué más “regalan” los funcionarios públicos? Pregunto porque los bienes muebles y raíces son parte del activo nacional, activo que en ciertos bienes adquiere valor histórico. Armas de todo tipo, fotografías, imágenes religiosas, construcciones, estatuas, instrumentos musicales, mobiliario, equipo y hasta mapas dibujados o impresos tienen valor histórico porque reflejan la evolución cultural de una nación. Y en nuestro caso, muchos de estos “activos” muebles, que son parte del patrimonio público y de la identidad nacional, dicen que están en jardines y colecciones privadas. ¿Quién los regaló? ¿Por qué se acepto semejante regalo?

¿Qué más regalan los funcionarios públicos? Seguramente también “regalan”, donan o permutan, para que suene más elegante, bienes raíces, esos bienes que seguramente tienen valor por su ubicación o su construcción. Casos conocidos se tienen y muchos, la mayoría, desconocidos. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) transfirió con títulos de propiedad los derechos de vía del histórico ferrocarril. Y esto de “regalar” no es privativo del gobierno central. También sucede en los gobiernos municipales. ¿Cuántos más se han beneficiado con bienes raíces del patrimonio nacional? ¿A quién le dan cuentas?

¿A quién le dan cuentas sobre el uso de la hacienda pública? La respuesta a esta pregunta es difícil y hasta imposible de obtener dentro de la administración pública. Los que arbitrariamente deciden sobre el destino y uso privado de la hacienda pública se han ocupado, y con buen resultado, de no establecer un sistema de control de los recursos. Y carentes de un sistema de control, cualquier cosa pueden hacer y cualquier cosa puede suceder con los recursos que conforman la hacienda pública. Y esto parece práctica histórica. Y ¿quién da cuentas?

Es cuesta arriba ejercer el derecho ciudadano al acceso de información pública para velar por la transparencia y la probidad en el uso de recursos de la hacienda pública. Es cuesta arriba porque los funcionarios y empleados públicos se resisten y tienen en la Ley de Acceso a la Información Pública el escudo para protegerse. ¿De qué sirve tanto articulado y tanta diferenciación sobre el tipo de información si es fácil terminar diciendo “es información inexistente”?

Si la transparencia efectivamente fuera compromiso de la administración pública, solo en casos muy, pero muy excepcionales, y muy, pero muy particulares, la “información inexistente” podría tener justificación. Pero, en la categoría “viajes al exterior”, la precisión del lugar, el carácter de la visita pública, el presupuesto, la fuente de financiamiento, el número de días, el número de participantes y el beneficio del viaje, es injustificable la inexistencia de información. ¿Quién controla? ¿A quién le rinden cuentas?

¿A quién le rinden cuentas? Pregunta sin respuesta a pesar de que el sentido y el contenido de la Constitución de la República lo deja claro. ¿República? Es la forma de organización del Estado que El Salvador tiene. Y el que se dice “republicano” es partidario de esta organización del Estado como opción ideológica. Corremos el riesgo de no tener claros los alcances del concepto, pero de lo que está claro, que esto no es una monarquía.

La comprensión sobre el Estado salvadoreño y su forma de gobierno está en ejercicio permanentemente. Y este ejercicio es permanente porque los artículos 83, 85 y 86 de nuestra Constitución de la República tienen la tentación de ser interpretados a la medida y a conveniencia de coyuntura. Y así, el diálogo y la democracia corren riesgo.

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