Retorno del boomerang. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernández Aguilar, 21 septiembre 2016 / EDH

En las últimas semanas hemos sido testigos de una implacable ofensiva pública destinada a poner en entredicho la honorabilidad de uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Dr. Belarmino Jaime, a quien funcionarios y personajes políticos le están vinculando con una millonaria evasión de impuestos a través de cierta empresa de telefonía en la que miembros de su familia tienen participación accionaria.

diario hoyAnte estas acusaciones, y sin saber qué camino tomará el magistrado para demandar las aclaraciones pertinentes, conviene hacer reflexiones sobre lo que ha ocurrido. Estaba claro desde el principio que estos nuevos ataques contra la Sala de lo Constitucional tenían una muy débil sustentación; lo que debemos preguntarnos es qué hubo detrás de la malicia con que los señalamientos fueron expuestos, y si a partir de ellos estaríamos delante de un notorio caso de hostigamiento político en el que además se ha utilizado información reservada del Ministerio de Hacienda, circunstancia particularmente grave en sí misma.

Pero vayamos por partes. Ninguno de los acusadores enseñó jamás el documento que comprobara la relación actual del Dr. Jaime con GCA Telecom, S.A. de C.V. Este nexo, que solo quedaba establecido por el parentesco del magistrado con los accionistas mayoritarios, era considerado inadecuado por la supuesta evasión tributaria de la empresa.

Según la publicación que hace una semana hiciera el Secretario de la Junta Directiva de GCA Telecom, José Eduardo Cáceres Chávez, esta sociedad se ha manejado siempre con el debido respeto a la legalidad y a “una ética escrupulosa”. Y tan seguro está de ello don “Pino” Cáceres, que cuando en 2014 circuló un panfleto que extraía —tergiversándolos— datos confidenciales de Hacienda para acusar a GCA Telecom de incumplimiento de deberes tributarios, quiso de buena fe alertar al señor presidente de la República a través de su Secretario Privado, pues la mera existencia de aquel documento difamatorio, antes que demostrar nada contra la empresa, constituía prueba de que se había cometido otro delito: el de fuga de información reservada.

¿Qué pasó entre la alerta temprana hecha ante Casa Presidencial por don “Pino” Cáceres, en 2014, y las irresponsables declaraciones de la diputada Lorena Peña, que dos años más tarde alude a “denuncias por evasión de impuestos” y vuelve a mencionar a GCA Telecom? ¿Procedió Salvador Sánchez Cerén conforme a la ley y notificó a la Fiscalía del indicio delictivo que se había hecho de su conocimiento? Y si tal cosa ocurrió, ¿de dónde ha salido la información reservada que hoy ha sido puesta a la orden de la FGR y que justificarían las temerarias afirmaciones de la señora Peña?

Quienes aleguen que el parentesco del Dr. Jaime con accionistas de una empresa de telefonía basta para desacreditarlo tendrían que admitir una relación todavía más problemática entre el propio Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y su hermano “Pino”, directivo de una empresa que a juicio de Lorena Peña evadía impuestos. En la presente coyuntura, sin embargo, conviene acordarse de aquel penoso incidente de fines de 2011, cuando la misma diputada, presidiendo la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, filtró a la prensa información parcial —y confidencial, no lo olvidemos— de empresas que supuestamente habían evadido sus obligaciones tributarias en 2008, pero que en realidad estaban siendo víctimas de una sucia triquiñuela pues se obviaban sus pagos a cuenta a lo largo de aquel año fiscal.

En diciembre de 2011, en un intento por minimizar el escándalo, el Ministerio de Hacienda se declaró “conocedor de las regulaciones de orden legal que contemplan la confidencialidad en el manejo de la información relacionada con los contribuyentes de los Impuestos Internos”. Por tanto, y dado que ese respeto a la legalidad no pierde vigencia, yo pregunto: ¿Quién ha tratado de manipular a la opinión pública en este caso? Y más importante todavía: ¿Altos funcionarios del partido oficial está usando información confidencial de los contribuyentes para entablar juicios políticos?

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