Piedras y palos a la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 15 septiembre 2016 / EDH

Cuando se mantienen secuestradas a las Cortes de Justicia como en Nicaragua, Venezuela, Bolivia o Ecuador, no hace falta conspirar contra los jueces para desprestigiarlos y destituirlos. En esos sistemas no existe Estado de derecho ni separación de poderes ni mucho menos sometimiento a los principios democráticos. Se trata de gobiernos en los que la autoridad jurisdiccional se concentra en la figura presidencial y es ésta la que “sube o baja” el pulgar para absolver o condenar a sus enemigos políticos o a las figuras incómodas que obstaculizan su proyecto político.

diario hoyAsí lo confirman la pena de catorce años impuesta a Leopoldo López en la República Bolivariana de Venezuela; el acoso judicial a los editorialistas y medios de comunicación por parte de Rafael Correa; la interpretación de la Corte Suprema que permitió a Evo Morales correr por su tercera elección al frente del gobierno Boliviano, no obstante admitir la nueva Constitución solo dos mandatos consecutivos; y  la actuación del máximo tribunal de justicia, en Nicaragua, al ilegalizar al candidato de la coalición opositora que enfrentaría a Ortega en los comicios presidenciales de noviembre.

Bajo esas circunstancias no es indispensable amedrentar a los Órganos Judiciales ni intimidar a sus miembros asustándolos con promoverles juicios políticos o con neutralizarlos a través de reformas a las leyes que establecen los quórum para la toma de decisiones. En esos regímenes tampoco se requiere instigar a los militantes del partido de gobierno, al que incomodan las resoluciones de la Corte, para que obstaculicen el trabajo de sus integrantes impidiéndoles su traslado a los lugares en los que deben dictar conferencias, impartir seminarios o cumplir funciones de educación cívica. En los cuatro países señalados no es posible responsabilizar a la justicia por la falta de dinero para financiar los programas sociales ni engañar a la gente haciéndole creer que son los fallos constitucionales los que mantienen al país hundido en la desesperanza y la pobreza; y no lo es porque los funcionarios judiciales están despojados de todo tipo de autonomía.

Esas conductas,  tácticas y chantajes se presentan en Naciones en las que el republicanismo se mantiene vigente pero, al mismo tiempo, quienes gobiernan no aceptan la independencia de los Órganos de Estado ni acatan el orden jurídico regulado en la Constitución. Eso es precisamente lo que ocurre en El Salvador. Kevin Casas-Zamora, exsecretario de asuntos políticos de la OEA, señaló, con fundamentada razón, que ciertos sectores de las izquierdas en Latinoamérica, salvo contadas excepciones como en Uruguay o Chile, “bajaron de las montañas, adoptaron la vía electoral pero no han terminado de aceptar la división de funciones que caracteriza la soberanía del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

En 2012, tras la crisis institucional provocada por la Asamblea Legislativa al incumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional que disponían la repetición de las elecciones de un tercio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designados, respectivamente, en 2006 y en 2012, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, señaló que “todas las instituciones del Estado deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. Es necesario determinar y afrontar con urgencia las injerencias y amenazas a la independencia institucional del poder judicial”. La enviada de la ONU recordó al bloque de partidos, liderado por el FMLN, que “debía crearse un entorno propicio para la adopción de decisiones independientes, imparciales y justas que permitan a los magistrados y jueces resolver los asuntos que conozcan (…) sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.

En aquel momento a la Relatora de la ONU le sorprendió la desobediencia de los diputados sobre el mandato contenido en las resoluciones de la Sala y las demandas interpuestas en su contra ante la Corte Centroamericana de Justicia ¿Qué diría ahora si se entera que el partido oficial encabeza una “cruzada”, con piedras y palos, incriminaciones totalmente falsas y acoso político contra los integrantes de esta instancia? Seguro reiteraría la “grave injerencia de otros poderes del Estado a la que está expuesta el Órgano Judicial”.

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