Malas prácticas y temor al elector. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 agosto 2016 / EDH

Uno de los grandes problemas en las distintas entidades estatales es que las personas que ostentan los puestos más altos, al tomar posesión de sus cargos, ven su funciones como un privilegio o una propiedad sin límites y no como lo que realmente es: un trabajo. Un trabajo que requiere una cualificación técnica especial (en teoría y en algunos casos), una experiencia que permita tomar mejores decisiones y, además, que son labores creadas por la Constitución con la encomienda de velar por los intereses de la población; pero al fin y al cabo no deja de ser un trabajo, solo con una obligación especial señalada el artículo 235 de la Constitución: “ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución (…) prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga”.

diario hoyPero resulta que en este país, con decisiones tan controvertidas y a veces hasta absurdas, ni los mejores perfiles (ni los más honestos) llegan a los altos cargos en el Legislativo, la Administración Pública o el Órgano Judicial, ni cuando ya están en el cargo ejercen su función de la mejor manera. Sobre los cargos de elección popular, cuyos requisitos son bastante asequibles para que cualquier ciudadano pueda optar a una de estas funciones, los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral no han sido capaces de filtrar a los candidatos que se postulan ni de verificar que cumplan los requisitos más básicos. Tenemos diputados acusados de cometer delitos graves, diputados que de la noche a la mañana son millonarios sin ninguna justificación, diputados suplentes condenados por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas; además, miembros de concejos municipales pertenecientes a pandillas, acusados de delitos y otra serie de señalamientos, lo cual siembra una duda razonable sobre la idoneidad para ocupar los cargos. Además, hace preguntarnos cuál es la labor del Tribunal Supremo Electoral: ¿máxima autoridad en procesos electorales o simple observador de lo que hacen y deshacen los partidos?

Por otra parte, resulta inaudito que todavía existe la convicción en los legisladores que las elecciones de los funcionarios  establecidos en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Fiscal General, Procurador General, Procurador para la Defensa de Derechos Humanos y Consejo Nacional de la Judicatura) es el equivalente a la administración de una finca colectiva perteneciente a los partidos políticos, por lo que se sigue viendo natural la repartición política de estos cargos. Es increíble que después de una docena de sentencias de inconstitucionalidad originadas por el incumplimiento a la Constitución en los nombramientos de funcionarios, todavía los diputados y sus asesores no tengan claro que se tiene que establecer un procedimiento público, objetivo y ponderado que garantice la elección del perfil más idóneo para estos cargos.

Y por último, es obvio que los funcionarios tampoco están conscientes sobre el trabajo conforme a la Constitución que tienen que realizar ni de los límites que tienen en el desarrollo de sus labores. Es común ver a muchos pidiendo austeridad y colaboración mediante el pago de impuestos, pero a su vez justificar el derroche de dinero de sus propias instituciones en cuestiones totalmente prescindibles y hasta sin sentido.

Es lamentable que el supuesto respeto al electorado no se manifieste desde antes de la elección, estableciendo planes de trabajo claros, propuestas de gobierno y objetivos que lleven a sacar al país de los problemas en que se encuentra sumido; por el contrario, las intenciones de cambio en las malas prácticas se manifiestan a partir de los fuertes reclamos de la ciudadanía ante el mal uso de bienes y fondos públicos. En términos de situaciones increíbles y hasta irracionales, Macondo se está quedando pachito a la par de El Salvador. Parte de la culpa es el silencio y olvido de la ciudadanía ante estos casos o la insostenible defensa de las malas prácticas de parte de los simpatizantes partidarios y acusaciones ciegas al contrario, aunque los hechos sean los mismos. Es necesario exigir a los funcionarios que trabajen conforme a las leyes y crear en ellos un genuino temor al elector; si no cambian sus actitudes y actuaciones no deberían ser ni siquiera considerados como candidatos para la próxima elección.

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