¿El ratón o la serpiente? De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 11 agosto 2016 / EDH

Los escándalos y jaleos políticos en el país se suceden uno tras otro de manera periódica sin que exista el tiempo suficiente para asimilarlos, para debatir el perjuicio que causan al Estado de derecho y para exigir la aplicación de sanciones, si ese fuera el caso. Se trata de un defecto común en los sistemas con una frágil y desnutrida cultura de la legalidad. Allá donde se detecta que cualquiera puede incumplir la ley, el infractor aprovecha la debilidad institucional y confía en la corta memoria de los ciudadanos. Una “losa” más pesada que la anterior seguramente contribuirá a dejar sepultado el problema que ocupó titulares y escandalizó a la sociedad apenas unos pocos días atrás.

diario hoyEn medio de los $25 millones que presuntamente recibieron las pandillas por parte de quienes impulsaron la “tregua” se mezcla el uso de fondos legislativos por la presidenta de la Asamblea, el empleo del vehículo oficial por parte de la hermana de un diputado, la presunta pérdida de fusiles en la Fuerza Armada, los casos de corrupción impulsados por la Fiscalía General de la República, la falta de elección de los miembros del CNJ y de la Corte de Cuentas, el aumento de las extorsiones, la grave situación fiscal, la reforma del sistema de pensiones y las multas a los partidos políticos por su negativa a revelar la información de sus donantes.

Esta penosa situación impide que públicos y privados se enfoquen en aquellos aspectos que requieren la máxima atención posible. Ello no significa que deben ignorarse los abusos de los funcionarios en el uso de los recursos estatales. Ciertamente es necesario denunciarlos y regular con mayor severidad las sanciones que deberían imponerse a quienes cometan este tipo de conductas. Sin embargo, es necesario encauzar toda la concentración posible en resolver los problemas estructurales para luego “afinar el lápiz” y censurar los malos comportamientos de los servidores públicos para que la población no los imite y sepa que también serán castigados los particulares que cometan cualquier infracción o delito.

Mona Shalin, ex viceprimer ministra de Suecia, dimitió de su cargo en 1995 por comprar dos chocolates Toblerone con la tarjeta corporativa que se les entrega a los altos servidores públicos. Se le acusó de una compra “no prevista en el presupuesto ni en la ley” de dos productos por un valor de 35 dólares con 12 centavos; luego resultó que la cantidad gastada era mayor. Las encuestas realizadas por la Universidad de Estocolmo revelaron que la gente calificó el acto de la exfuncionaria como un “abuso de confianza” además de señalarla como una política “poco transparente, insegura y no confiable”. En 2010, el titular del Tesoro Británico, David Laws, fue cesado, 17 días después de su nombramiento, por el “abuso del sistema de dietas parlamentarias al reclamar gastos por el alquiler de habitaciones de su pareja”. En 2008, el ministro del interior de Bulgaria, Rumen Petkov, renunció tras acusársele de haberse reunido con empresarios investigados por corrupción.

Con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública la clase política salvadoreña comienza a enfrentar un riguroso escrutinio público. El interés de la sociedad porque sus representantes respeten a rajatablas el orden jurídico muestra una evolución interesante que podría fortalecer la cultura de legalidad exigiendo inhabilitaciones como en los casos descritos. Sin embargo, debemos cuidar que “por agarrar al ratón no se nos escape la serpiente”.

Todos los crímenes y las contravenciones administrativas deben ser penalizados, pero cuando apenas asoma una embrionaria diligencia por parte de las instituciones y, en un Estado atrapado por las extorsiones, la corrupción y los homicidios, es importante perseguir con mayor contundencia a quienes pretenden suplantar al Estado y alimentar al crimen organizado. No puede dejarse de escarmentar las faltas menores, pero prioritariamente debe atenderse la persecución de los delitos graves y ocuparse de “los temas de nación”. El mejor ejemplo para explicar lo anterior fue la “viralización” durante las vacaciones del caso de David Reyes y la escasa atención a la presunta entrega de millones de dólares a los pandilleros por parte de las autoridades. Qué preferimos ¿el ratón o la serpiente?

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