Lo que está escrito. De Sandra de Barraza

Conviene el seguimiento y la difusión sobre lo que hacen, dicen, callan y dejan de hacer los diputados propietarios. Conviene la crítica y presión ciudadana para rescatar el papel y el deber que deben asumir.

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 29 julio 2016 / LPG

Los funcionarios públicos tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República (CR). Cuando asumen el cargo juran hacerlo aunque en la práctica estiran y encogen los 274 artículos según sea la conveniencia y la oportunidad. Esto les desprestigia y les lleva a la impopularidad.

Los funcionarios públicos responsables de legislar ¿conocen el contenido de la Constitución de la República? ¿Les asesoran para comprender el alcance y las limitaciones? Pregunto porque el artículo 244 de la CR establece que “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley…”.

la prensa graficaA la Asamblea Legislativa le compete “fundamentalmente la atribución de legislar”, “la mayoría de los miembros es suficiente para deliberar”, “para tomar resolución se requiere la mitad más uno de los diputados electos salvo en los casos que requiere mayoría distinta”. Requiere mayoría distinta, es decir el voto calificado de 56 diputados, la “contratación de empréstitos, dentro o fuera de la República, con un decreto que exprese claramente el destino de los fondos y las condiciones esenciales de la operación”. Y esto tienen que hacerlo con diputados electos.

En la Asamblea Legislativa pueden “llamar a los diputados suplentes en caso de (1) muerte, (2) renuncia, (3) nulidad de elección, (4) permiso temporal o (5) imposibilidad de concurrir de los propietarios. Cinco razones claramente establecidas. La administración de la Asamblea Legislativa ¿tiene y puede hacer público el registro de las razones por las que los diputados propietarios llaman a los suplentes? Los diputados suplentes ¿pueden aprobar empréstitos? El funcionario está obligado a hacer lo que la ley manda. La CR manda que las resoluciones sean tomadas por los diputados electos y en este caso, los electos son los propietarios. Las argumentaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el empréstito de $900 millones, y sus implicaciones, como dijo un exmagistrado, defienden y fortalecen el sistema político.

A la Asamblea Legislativa le corresponde “decretar su reglamento interior” y, a diferencia de la CR, ese Reglamento pueden y deberían adecuarlo a los tiempos. En el actual tienen cuatro tipos de comisiones: las permanentes, las transitorias, las ad hoc y las especiales. Y tienen 20 comisiones permanentes que van desde Política pasando por Educación y Cultura hasta llegar a Mujer e igualdad de género. ¿Por qué esos temas? ¿Tienen que regular permanentemente sobre estos temas? ¿Qué le da sentido a una y a otra comisión? ¿Por qué no se revisan y se replantean? Lo permanente es la evaluación y el fortalecimiento institucional y ahora tienen la oportunidad.

Antes que la Sala de lo Constitucional emitiera el fallo sobre los $900 millones la expectativa fue clara. El alcance de la sentencia hace bien a nuestro sistema político porque la ciudadanía y el país se merecen diputados que efectivamente representen al pueblo entero y para esto hay que elegirlos libre y directamente. Se necesita conocer los méritos personales y profesionales para optar por ese cargo de elección popular, y con la dinámica social de nuestro país, la honradez e instrucción notorias se quedan cortas. De esto deben ocuparse los partidos políticos.

La bancada del FMLN ha anunciado que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para “hacer respetar los derechos de los diputados suplentes”. ¿Cuáles son los derechos de estos diputados suplentes? El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) establece:

“En el ejercicio de sus funciones (los diputados), deberán orientarse a la satisfacción del bien común, salvaguardando los valores de justicia, paz, seguridad jurídica, solidaridad, libertad y democracia; así como, en general, a la protección de los derechos fundamentales de las personas” y esto porque de entrada reconocen su atribución constitucional. Ojalá que esta bancada no haga el ridículo internacional que anuncia. Ya tuvimos una experiencia en CA e hicimos pública la ignorancia.

El RIAL establece: “Los diputados y las diputadas suplentes serán elegidos de la misma manera que los diputados y las diputadas propietarios”. ¿Esto se cumplió en la elección pasada? No, yo no elegí a ningún diputado suplente en el departamento de La Libertad y tampoco en el PARLACEN. Conviene el seguimiento y la difusión sobre lo que hacen, dicen, callan y dejan de hacer los diputados propietarios. Conviene la crítica y presión ciudadana para rescatar el papel y el deber que deben asumir.

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