Los costos políticos compartidos del pacto y ajuste fiscal. De Alberto Arene

Todo me parece lógico en esta nota de Alberto Arene, sobre todo la necesidad de que el gobierno y el FMLN acepten firmar un acuerdo con el FMI para conseguir financiamiento y para comprometerse con el ajuste fiscal necesario. También es correcto que este acuerdo requiere la aprobación de la oposición poltica. Lo único que no me parece lógico es que esto significa que la oposición, al igual que el partido gobernante, tiene que asumir el costo político. En este tipo de situaciones, la oposición asume responsabilidad sobre las soluciones, pero no sobre las malas decisiones y la negligencia que han llevado al país a necesitar medicinas tan amargas para salir de la crisis. El costo político para esto no será compartido sino asumido por el gobierno.

Paolo Luers

Alberto Arene, expresidente de CEPAAlberto Arene, 28 julio 2016 / LPG

Al borde del abismo, con dos años de retraso, el gobierno y su partido entendieron lo obvio: que el ajuste fiscal y un acuerdo con ARENA y el FMI es inevitable. ARENA es el único que puede posibilitarlo y, paradójicamente, no le quedará más remedio que compartir con el FMLN y todos los partidos semejante costo político.

ARENA todavía cree que puede apoyar el ajuste propuesto por el FMI esperando que el FMLN asuma en solitario el costo político. Claudio de Rosa, asesor económico de su fracción legislativa, lo dijo tan francamente esta semana: “A esta altura, dado el tamaño de la crisis fiscal, la medicina será muy dolorosa para los salvadoreños y el costo político lo tendrá que asumir solo el FMLN, por no haber actuado con responsabilidad cuando debía hacerlo”.

la prensa graficaPero ARENA pronto descubrirá que eso será imposible, con presiones crecientes de sus alcaldes y concejales de los municipios donde gobiernan, y de empresarios pequeños, medianos y grandes, descapitalizados acreedores del Estado al borde de la quiebra. Pero también crecerán las presiones de gobiernos amigos y de partidos aliados en la oposición que solo darán sus votos si ARENA lo hace compartiendo los costos políticos. Si condiciona su apoyo a salir ileso, se pospondrá el acuerdo, aumentará la desesperación y todos los partidos políticos y diversos sectores sociales los señalarán como “el niño malo de la película”, transformando la opinión mayoritaria que identifica al gobierno y su partido como responsable de la debacle.

La presión interna sobre el COENA ya comenzó de sus alcaldes y concejales, quienes exigen la asignación mensual del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) para compras de bienes y servicios diversos (incluida en muchos casos la recolección de basura), para pagar empleados y amortizar mensualmente deudas contraídas, 95 % con dicho fondo.

Al cumplir hoy el Gobierno 28 días de atraso en dicha asignación, los alcaldes y concejales municipales y la organización que los representa sienten cada vez más la presión y hablan cada vez más fuerte. En una carta dirigida la semana pasada al ministro de Hacienda, el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, reclamó la asignación del FODES, cuyo atraso “ha generado el incumplimiento del pago de 466 préstamos que las municipalidades pagan al sector financiero nacional, cuyo monto asciende a $3,164,089.49, afectando 147 municipios que tendrán que pagar mora”. Y agregó: “Los efectos del atraso del FODES impactan a las 262 municipalidades que en la actualidad presentan problemas económicos por el incumplimiento del pago de las obligaciones con los acreedores, principalmente en los proyectos municipales que están en ejecución, corriendo el riesgo de parar las obras en cada comunidad, y en forma directa a los empleados municipales que se les cancelan los salarios con este fondo”.

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, responsabilizó del atraso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al afirmar: “Se hace necesario aprobar de nuevo un financiamiento ya que la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto ese proceso de aprobación de los $900 millones”. Mientras ARENA se resista a la firma del acuerdo fiscal y a la aprobación de los $1,200 millones que incluirá, en otros, las asignaciones del FODES, el gobierno y su partido lo responsabilizarán públicamente, haciéndole pagar un costo político creciente.

Cientos de empresarios y proveedores diversos exigen al Gobierno que les pague lo que les debe. Este les expresa su voluntad de hacerlo subrayándoles que ahora es de ARENA de quien depende. Mientras cientos de miles de familias de los estudiantes beneficiados con los programas de uniformes, zapatos, útiles y alimentación de los gobiernos del FMLN no sabrán que también fueron ellos los principales responsables de la insostenibilidad de su financiamiento, el gobierno y su partido señalarán a ARENA por la amenaza de recortarlos.

Tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como el fiscal general le dirán al Gobierno que necesitan los recursos atrasados y también los suplementarios para poder cumplir sus funciones. Pero el gobierno y su partido volverán, otra vez, a señalar a ARENA.

En este río cada vez más revuelto, vaya usted a dar explicaciones sobre la responsabilidad última del déficit fiscal y del sobreendeudamiento, de la insostenibilidad de la deuda y del impostergable ajuste, cuando lo que le importa a la gente es que le ajuste el pisto. Por todo esto, los costos políticos del acuerdo y ajuste fiscal serán compartidos. Pero también el beneficio de salvar a la nación del despeñadero.

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