¿La dictadura judicial…? De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 28 julio 2016 / EDH

Varios de los principales líderes del partido de gobierno han denunciado que la Sala de lo Constitucional pretende implementar una “dictadura judicial”. Además amenazaron con “no acatar sus sentencias”. El calificativo de dictatorial es aplicable a las “democracias mutiladas” como en Nicaragua o Venezuela, pero de ninguna manera encaja para la administración de la justicia salvadoreña.

diario hoyNicaragua celebrará las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Si nada extraordinario sucede, Daniel Ortega será reelecto como gobernante de la nación. El mandatario rechazó la observación electoral internacional, manipuló al Órgano Judicial para impedir la participación de la oposición y se encargó de incluir en la papeleta a partidos que el reconocido periodista, Carlos Fernando Chamorro, llamó  “zancudos” o “colaboracionistas” porque su labor no es competir sino justificar que la boleta incluya “otras banderas” cuyos candidatos no tienen ninguna posibilidad de triunfo.

El derrocamiento de Somoza por la revolución sandinista en 1979 permitió el ascenso de los rebeldes por la vía militar. En 1990 Ortega entregó el poder a Violeta Barrios viuda de Chamorro después que la candidata ganara los comicios por el voto popular. En 2006 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recuperó la presidencia despejando el camino para el retorno de Daniel Ortega. En realidad su vuelta a la primera magistratura se fraguó en 1999 con “el pacto” entre Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, y el FSLN. Ese revoltijo político se concretó con la reforma a la Constitución y a la ley electoral. Su propósito fue crear las condiciones que tallaran un sistema electoral a la medida de sus pretensiones políticas que, seis años después, allanaría la victoria de Ortega.

A partir de este momento los nicaragüenses presenciaron el deterioro acelerado de sus instituciones democráticas. Buena parte del sector empresarial se convirtió en cómplice de ese desgaste que sufrió la República a través de una descarada violación a la separación de poderes. Se prefirieron los negocios a la estabilidad política y un grupo importante de hombres de negocios comprometieron la democracia con tal que sus empresas florecieran sin amenaza alguna.

La actuación de la Corte Suprema de Justicia, manipulada y secuestrada por el Orteguismo, representa una verdadera “dictadura judicial”. La sumisión a Daniel le valió al mandatario su reelección en 2011 cuando el máximo tribunal de justicia avaló su participación para buscar un nuevo mandato al frente de la presidencia. La sentencia 504 fue el “pase” que Ortega no habría conseguido si el sistema judicial nicaragüense funcionara de manera independiente.

Un caso similar lo encontramos en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responde incondicionalmente a las directrices del oficialismo. Nicolás Maduro heredó esta ascendencia sobre el TSJ de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. El rapto de la justicia en Venezuela le ha permitido al gobierno la anulación de varias de las decisiones que la oposición política, vencedora en las legislativas de diciembre de 2015, ha venido aprobando en la Asamblea Nacional. Esta ha sido la estrategia para detener los proyectos de ley que los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática han impulsado desde su victoria en las urnas.

En El Salvador la justicia constitucional ha despejado el camino para una serie de reformas que, bien aprovechadas por los partidos políticos, les permitirían contrarrestar la oleada de críticas de la que son objeto por parte de la ciudadanía.

Una “dictadura judicial” no reactivaría la aplicación de la legislación que castiga el enriquecimiento ilícito. Tampoco habría trazado nuevas reglas para modernizar el sistema electoral ni mucho menos tendría interés alguno en impedir que se eligieran militantes de partidos para presidir a las instituciones del Estado cercenándoles por completo su neutralidad. Por el contrario habría tapado la corrupción, ignoraría por completo el interés de los ciudadanos por exigir cuentas a sus representantes a través de las listas abiertas y seguramente fomentaría la elección de funcionarios de segundo grado con intereses partidarios.

Una dictadura judicial sólo puede ser posible en un sistema totalitario donde no existen los frenos y contrapesos y en el que sus liderazgos políticos olvidaron el ideario que los llevó a luchar un día por una sociedad más libre y democrática.

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