Los “críticos” y los “detractores” de la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 21 julio 2016 / EDH

La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es la excusa perfecta que los detractores de la Sala esperaban para impulsar nuevas acciones en contra de sus miembros. Es muy diferente la actitud de los críticos del fallo. Estos últimos censurarán el contenido de la sentencia y seguramente respaldarán el “voto disidente” de uno de los magistrados en contra de lo resuelto por sus colegas. Pero no conspirarán contra ellos.

diario hoyBelarmino Jaime, en un voto razonado, tan extenso como la sentencia misma, desgrana uno a uno los motivos, tanto de conveniencia nacional como los de naturaleza jurídica, por los que no debió declararse inconstitucional la ley que comentamos. Sus argumentos son jurídicamente aceptables al extremo que algunos estudiosos del derecho han señalado que la inconstitucionalidad de la amnistía es una “resolución con dos sentencias”.

Entre las motivaciones de conveniencia nacional, el magistrado argumenta que podrían iniciarse procesos penales en contra de “las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo”, desde la presidencia, vicepresidencia, ministros, funcionarios de Autónomas y diputados, incluidos miembros de la actual Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. La sentencia permite juzgar a todos aquellos que participaron en los sucesos contenidos en el informe de la “Comisión de la Verdad” y “otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes”, todo lo cual podría llevarnos a una situación que el magistrado Jaime califica de “ingobernable”.

Los opositores de la Sala, aquellos que en 2012 intentaron maniatar a los jueces constitucionales, no tendrán límite hasta descubrir la forma de inmovilizarla, ya sea expulsando a quienes la integran o eligiendo en 2018 a candidatos sumisos que le teman a la independencia de poderes. A la sentencia sobre la amnistía se agrega la que declaró inconstitucional el nombramiento de los diputados suplentes por “falta de legitimidad democrática”. Ambas resoluciones podrían incentivar alianzas perversas en perjuicio de la institucionalidad democrática.

Por esa razón, al margen del “bando” en el que nos ubiquemos, a favor o en contra de la invalidez de la amnistía y de la existencia legal de los legisladores suplentes, un aspecto fundamental es impedir que, como consecuencia de estos veredictos, se intente contrarrestar el trabajo de los magistrados.

En relación a los efectos de la decisión sobre la amnistía hay un trecho largo por recorrer. Se debe esperar la legislación especial que dictará la  Asamblea Legislativa y la definición de las autoridades que tramitarán los casos que cumplan los requisitos exigidos por el nuevo ordenamiento jurídico. Aún es impredecible la cuantía a la que podría ascender la responsabilidad civil y las indemnizaciones a favor de quienes reclamen y comprueben el daño moral que les causó el asesinato de su familiar siempre que se trate de los que la Sala califica como de “lesa humanidad” o “crímenes de guerra”.

Recopilar las pruebas, fijar el monto de la responsabilidad civil y dirimir cuándo nos encontramos frente a uno de los dos tipos de delito que no gozan de amnistía, son algunos de los retos que enfrentarán quienes tengan la competencia para conocer sobre las causas judiciales que deriven de la sentencia.

Pero el problema más complejo en esta coyuntura no es de índole legal. Es la incapacidad de dialogar, que las élites y la sociedad civil hemos demostrado en las últimas dos décadas, la que en realidad podría hundir al país en un desorden social de inimaginables proporciones. Esa falta de madurez política y de convicción acerca de la necesidad de sentarse a discutir los problemas y a identificar soluciones, y el empeño de algunos, en ambas extremas, de ideologizar todo tipo de debate, nos mantiene en una parálisis de desarrollo político, social y económico.

Lo cierto es que el fallo constituye una razón adicional para acudir al diálogo como el recurso más idóneo que establezca la forma de cumplirlo. Los otros motivos por los que el liderazgo nacional debería optar por este camino vienen presionando la agenda del país desde hace años. Se trata de la inseguridad ciudadana, el endeudamiento público y la falta de crecimiento económico.

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