Pachito estaba el río. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 11 julio 2016 / EDH

Es curioso cómo una pauta comercial de la empresa de telefonía Digicel, sin hacer referencia a un destinatario específico, solo delatado por un rótulo led al final del mismo, ha causado tanto revuelo en el ámbito político salvadoreño. Parece que “pachito estaba el río”, ya que las reacciones no se hicieron esperar: desde señalamiento de que el comercial causa un daño a su honorabilidad, hasta comentarios de retirar la concesión a la empresa; pareciera que muchos se dieron por aludidos con la sátira de funcionarios rodeados de un ejército de asesores, alimentación, bebidas, entretenimiento y viajes que rondan lo absurdo, haciendo referencia al despilfarro y gastos superfluos de los que hemos sido testigos en los últimos días.

Es lógico que los funcionarios y los asesores (y los asesores de sus asesores) estén molestos por el spot, pues relaciona el desarrollo de su trabajo a prácticas ampliamente repudiadas por la ciudadanía. Sin embargo, estas personas deberían diario hoyrepensar sus reacciones teniendo en consideración cómo se interrelaciona el derecho al honor de los funcionarios y el derecho a la libertad de expresión de la población. Hay que partir del hecho que no existen derechos absolutos, y el derecho al honor de los funcionarios sufre una menor protección que si se tratara de cualquier ciudadano. Además, los funcionarios ya deberían asumir el riesgo implícito a la crítica desde el momento en que ingresan al servicio público voluntariamente.

Las personas que ingresan a la función pública tienen que estar conscientes que sus labores están sujetas a una mayor posibilidad de crítica y escrutinio público por parte de los diferentes sectores de la población, en relación a sus funciones y la forma en que administran los bienes del Estado. El escrutinio o crítica sobre su trabajo es un asunto de interés público, sujeto al debate y vigilancia de los ciudadanos frente a personas que administran el poder; este proceso de control ciudadano se realiza en pleno ejercicio de la libertad de expresión. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, el fin perseguido por la Constitución al reconocer la libertad de expresión es el de generar una opinión pública libre en la que se discutan, tan intensamente como sea posible, los aspectos relativos a la conducción de la cosa pública que los ciudadanos apoyan o buscan su modificación (sentencia de amparo 375-2011).

También hay que tener en cuenta que la protección a la libertad de expresión de los ciudadanos no solo se limita a la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios o a un sector cualquiera de la población (sentencia del caso Kimel vs. Argentina, Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH). Y la razón por la cual el derecho al honor de los funcionarios se ve disminuido frente a la libertad de expresión, en palabras de la CIDH, es que “sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”. La crítica no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza (casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica; Tristán Donoso vs. Panamá; Ricardo Canese vs. Paraguay).

Con base en las razones anteriores, no es aceptable que se pretendan establecer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión para proteger la reputación u honorabilidad de los funcionarios; ello impediría la difusión de cualquier manifestación en ejercicio de la libertad de expresión por temor a las responsabilidades que se le imputaría a los ciudadanos o empresas que las difundan. Los funcionarios deberían preocuparse más por la percepción que los ciudadanos tenemos de ellos. Si quieren mejorar la imagen del ejercicio de sus funciones, es necesario que realicen un cambio radical en las mismas: mejoren las decisiones que toman, la calidad de su trabajo y que este refleje un verdadero beneficio para la población; además, replantearse la manera de administrar los fondos públicos y la eficiencia en el gasto del limitado presupuesto del Estado. En vez de molestarles la forma en la que han sido retratados, deberían preocuparse, porque es así como los percibe la mayoría de la población. Predíquenle su honestidad a la ciudadanía con el ejemplo.

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