Un caso emblemático de transparencia, un accidente de tránsito. De Ricardo Chacón

ric chacon

Ricardo Chacón es editor jefe de El Diario de Hoy

Ricardo Chacón, 3 julio 2016 / EDH

El hecho es simple pero no por eso menos dramático; simple como lo son los accidentes de tránsito que a diario ocurren por cientos en todo el país, dramáticos porque la mayoría de cada percance vial deja una familia sufriendo ya sea porque hubo un muerto, un herido o un descalabro financiero.

La cuestión suele complicarse cuando en el accidente de tránsito hay agravantes, dolo, irresponsabilidad en los involucrados, por ejemplo hay alcohol de por medio, alta velocidad, irresponsabilidad o todo junto. Se complica aún más cuando a esto se suma un manto de prepotencia gubernamental dejando en entredicho la institucionalidad del país. Partamos con los hechos.

diario hoyHace dos meses en una carretera del Puerto de La Libertad, a medianoche una camioneta asignada a Casa Presidencial tiene un percance vial con una moto, las consecuencias: el motociclista murió y deja en la orfandad un niño de apenas tres años… la autoridad llega pero es neutralizada por una especie de “operativo de limpieza” por supuestos miembros del Batallón Presidencial. Pese a las peticiones de la Fiscalía se desconoce quién era el conductor, y por supuesto mucho menos que haya responsables del hecho respondiendo por el accidente de tránsito.

Se dice que hay acuerdo entre las partes, está claro la familia y sus abogados, no en el otro lado; los familiares dicen tajantemente que no han llegado a ninguna conciliación. La fiscalía investiga con dificultades. El gobierno lo único que ha declarado, no sin altas y bajas y presiones de todo tipo, es que la camioneta estaba asignada a la Presidencia y ha decretado como “información confidencial” lo relacionado con el hecho.

Tres puntos al respecto; uno, al parecer es una práctica de este y al anterior gobierno que el Batallón Presidencial actúa con prepotencia y fuerza no solo cuando cuidan al presidente sino fuera de esta función; “ni en los tiempos de los militares pasaba esto”, me comentó un día de estos un ex oficial del batallón presidencial de antaño.

Dos, la transparencia en el manejo de la información, sobre todo en casos emblemáticos como este accidente, no solo es deficiente sino ofensiva a la inteligencia de la ciudadanía… el punto es claro y contundente: simplemente entregar a las instancias de la justicia la bitácora de movimiento de la camioneta presidencial, quién o quiénes la usaban, y qué andaba haciendo en la noche o la madrugada del 1 de mayo en la carretera del Puerto de la Libertad… Todavía más si fuéramos más expeditos, la camioneta y sus ocupantes estaban en misión oficial o particular, dependiendo de esto las responsabilidades habrá que asumirlas.

¿Dónde está la flamante oficina de Transparencia y su activista Secretario para dar cuenta de este hecho? Y el Secretario de Comunicación, ¿cómo puede aparecer ante los medios hablando sobre el tema a medias? Y la Oficina de Ética Gubernamental, ¿cómo puede seguir funcionando y abrir sus oficinas diariamente como si nada hubiese pasado con un vehículo de Casa Presidencial involucrado en un accidente y cuyos responsables fingen demencia?

Y tres, no obstante este hecho obscuro y bochornoso del accidente y la ocultación de información gubernamental, no podemos dejar de señalar que el país en tema de transparencia ha avanzado, hay una legislación en marcha que ha expuesto ante la opinión pública los “secretos” de las instituciones de gobierno. La institucionalidad en el tema también se ha fortalecido y los procesos, a pesar de las dificultades, caminan con paso sólido. Hoy con cierta facilidad se puede pedir y obtener información sobre lo ocurrido en una y otra institución.

He señalado este punto porque el país, la democracia y las instituciones se fortalecen cada vez más que la información sale a la luz pública y que los medios la difunden responsablemente para que nadie, nadie, absolutamente nadie se crea listo y quiera pasar por encima de las leyes y no cumplir su deber, amen de garantizar que los funcionarios públicos deben guardar, cuidar y utilizar de la mejor manera los fondos públicos.

Solventar de la mejor manera, incluso conciliar con la familia de la víctima del accidente de moto es importante, pero también es clave para la institucionalidad del país que la información pertinente fluya para que la Justicia, la Fiscalía pueda actuar como Dios manda y que predomine la verdad de lo sucedido.

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