A ocho años de la tragedia de la Málaga. De Mario Vega

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 1 julio 2016 / EDH

Tres meses después de ocurrida la tragedia de la colonia Málaga, en la que 32 personas murieron al ser arrastrado el autobús en el que viajaban por el desbordamiento del Arenal Montserrat, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió su informe especial sobre el caso. En ese documento, se examinan las declaraciones que distintos funcionarios dieron sobre lo ocurrido y sus explicaciones de por qué no se decretó ninguna alerta; los informes de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador; los estudios del Servicio Nacional de Estudios Territoriales; las opiniones de expertos ambientalistas, hidrólogos y arquitectos; la opinión de Geólogos del Mundo y los relatos de las personas que fueron testigos directos de los hechos, entre ellos, el del único sobreviviente de la tragedia.

diario hoyAdemás de eso, la Procuraduría recibió, a su requerimiento, informes de los hechos de parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. También se realizó un examen de las normativas legales que obligan al Estado al deber de la prevención de riesgos, contrastándolas con sus actuaciones la noche de los hechos. El conjunto de todos esos elementos condujo a la Procuraduría a dar como plenamente establecida la responsabilidad del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos a la vida de las víctimas y señaló como responsables de tales vulneraciones al presidente de la República, al ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, al ministro de obras públicas y al director general de Protección Civil y Mitigación de Desastres, de entonces. Sobre esa base emitió un total de trece recomendaciones, de las cuales ninguna fue cumplida por el gobierno de esa época. No obstante, en las administraciones que le siguieron, un total de once recomendaciones han sido cumplidas quedando pendientes solamente la referida al Fiscal General de la República para que deduzca las responsabilidades a las que haya lugar y la referida al Estado salvadoreño para realizar las reparaciones morales a las víctimas de la tragedia, las cuales incluyen la solicitud de perdón por las omisiones que condujeron a la tragedia.

A ocho años de la más grande tragedia vial de la ciudad, las familias afectadas directamente continúan esperando la dignificación de sus seres queridos y el cumplimiento de las recomendaciones que siguen pendientes. Es verdad que los gobiernos se han sucedido en estos años; no obstante, el Estado salvadoreño continúa siendo al que se le imputa la responsabilidad y, consecuentemente, cualquier jefe de Estado puede dar cumplimiento a una recomendación de tipo moral que responde a las exigencias del derecho humanitario internacional para este tipo de casos. Algunos de los familiares de las víctimas mortales eran ancianos que han ido muriendo en el paso de estos años. Ellos se fueron sin haber tenido la oportunidad de ver a sus seres queridos dignificados y respetados. Sin haber recibido ningún tipo de reparación moral. Otros se encuentran aquejados de enfermedades terminales que se suman al dolor del recuerdo. Esperando con sus sueños truncados, con la pérdida del sostén económico del hogar, con sus planes de vida rotos, con la indiferencia de una parte de la sociedad. Esperando, esperando por un corazón humano que se decida a cumplir con las recomendaciones que faltan.

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