Vendetta política, justicia ciega. De Enrique Borgo Bustamante

Enrique Borgo BustamanteEnrique Borgo Bustamante, 23 junio 2016 / LPG

El 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el FMLN, a raíz del cual el 6 de febrero siguiente se decretó la Ley de Reconciliación Nacional, complementada por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz del 20 de marzo de 1993; leyes que señalaron como delitos políticos los contenidos en el Código Penal de 1973.El 6 de julio de 2000 se modificó el art. 28 Cn., estableciendo la posibilidad de la extradición de salvadoreños, excepto por delitos políticos, y el nuevo Código Penal de 1998 vigente establecía el mismo concepto para delitos políticos, que el de 1973: “delitos comunes cometidos con fines políticos”, de manera que para la Amnistía y la Extradición delitos políticos son lo mismo.

la prensa graficaLa muerte de los jesuitas indudablemente fue un delito político, basado en la creencia de sus autores, de que eran el cerebro que dirigía la guerrilla FMLN, y que había que eliminarlos para contener el ataque “Hasta el Tope” a San Salvador; ¿fueron dichos asesinatos iguales a lo que con anterioridad cometió el FMLN, cuando pretendió descerebrar al gobierno de Cristiani asesinando a Rodríguez Porth?, ¿o a Chachi Guerrero, Mauricio Borgonovo, alcaldes de la DC, fiscal general García Alvarado?; todos esos delitos políticos cometidos para destruir al gobierno o a la guerrilla fueron amnistiados en 1993, y su calidad de delitos políticos estaba tipificada en el Código Penal de 1973, cuando se dio la Amnistía (1993) y se confirmó en el Código de 1998, vigente cuando se dio la modificación del art. 28 Cn. (2000), que prohíbe la extradición de salvadoreños por delitos políticos.

No cabe la menor duda que tales delitos no son comunes que pudieran permitir la extradición de sus autores, pero para lograrlo y evitar la excepción de prescripción y poder enjuiciar por segunda vez a los autores, los querellantes calificaron tales delitos políticos como de lesa humanidad.

Los querellantes originales en la Audiencia Nacional en España no fueron los parientes españoles de los jesuitas salvadoreños naturalizados, sino la Asociación Pro-derechos Humanos de España, y otra de EUA que no fue admitida, de manera que no obstante que según la religión católica solo existe la virtud de perdonar y nadie puede exigir que se le pida perdón –y que el presidente Funes pidió perdón en nombre del gobierno– no solo es inconcebible que no se perdone, sino que además se olvide la Amnistía, pretendiendo responsabilizar a miembros de la institución que ha cumplido plenamente sus obligaciones contenidas en los acuerdos de paz, la Fuerza Armada, permitiendo a un tribunal extranjero violar nuestra soberanía para determinar si los juicios fueron fraudulentos y el valor mismo de la Amnistía, para juzgar por segunda vez a los procesados.

El diputado Sánchez Cerén, el 6 de julio del año 2000, al tratarse la modificación del art. 28 Cn., expresó sobre la aprobación de un supuesto tratado de extradición con Estados Unidos que el FMLN lo ratificaría solo para hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigor, siendo “indispensable que el delito se haya cometido dentro de la jurisdicción territorial en la que ejerce soberanía (el requirente)”, lo que excluye la extradición solicitada por el juez Velasco.

Violar nuestra soberanía de El Salvador constituye un delito de Lesa Patria, que la CSJ no puede cometer por ser su máximo garante constitucional.

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