El que paga el mariachi. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 20 junio 2016 / EDH

En El Salvador estamos llegando al punto de que ni los dichos populares funcionan de la manera que deberían. Nuestro folclor propio y características únicas han logrado que para nosotros hasta los dichos apliquen diferente. Un ejemplo nos lo acaba de dar la Corte de Cuentas, el organismo — en teoría — encargado de auditar y fiscalizar que los fondos públicos se usen de manera adecuada. Y digo, en teoría, porque a menos que sus tácticas innovadoras para mantener cortitos a los funcionarios con lo que gastan incluyan el canto de rancheras, ¿cómo puede justificar una entidad estatal tener entre su inventario trajes completos de mariachi?

Según un reportaje periodístico reciente, que caritativamente le concedió el adjetivo de “extravagantes” a los gastos de la Corte de Cuentas (le quedaba mejor “absurdos” o “inexplicables”), la Corte ha gastado en lavar y planchar trajes de mariachi en los últimos años un monto que sobrepasa varios salarios mínimos. Y si bien lo de los mariachis ni se compara a lo que gastan en refrigerios (¡buen provecho, señores funcionarios, no me les vaya a dar empacho!), no deja de dar rabia. Porque demuestran que ni los dichos les aplican: para los funcionarios públicos en El Salvador, los que pagamos el mariachi, o sea la ciudadanía, no tenemos ni voz ni voto a la hora de escoger la canción. A ver, ¡es que ni nos invitaron a la fiesta!

diario hoyY queda clarísimo que el control que debería estar ejerciendo el organismo con inclinaciones por la música ranchera tiene poco peso en las decisiones del resto de funcionarios sobre cómo invierten el dinero público. Porque a los diputados ni les tembló el pulso cuando decidieron destinar medio millón de dólares en un “nuevo equipo de votación” que incluye rótulos con tecnología LED que seguramente se van a volver la envidia de los negocios de carwash de la Avenida Chiltiupán. Lo anterior no es una crítica a la modernización del estado: enhorabuena, los pasos que llevan hacia una gestión más eficiente y hacia la profesionalización del servicio público, tienden a ser positivos. Tienden, porque el costo de oportunidad — los otros fines que pudieran haber tenido ese medio millón de dólares — puede que termine siendo menor que el beneficio. Los beneficios que traerá esta tecnología de punta se acaban con la compra y solo benefician a un número limitadísimo de ciudadanos salvadoreños. Haber destinado el medio millón a la cartera de educación por medio de políticas públicas eficientes, habría continuado beneficiando salvadoreños muchos años después del desembolso (o eso que le llaman “retornos de inversión”).

La inversión del órgano legislativo da rabia, pero no es una rabia nueva. Ese es el problema, que nos tienen prácticamente acostumbrados a sus remodelaciones millonarias, a sus despilfarros en fiestas navideñas y a sus usos del dinero público en fines que no favorecen al resto de la población. La diferencia, a pesar de la costumbre, es que los gastos son más aberrantes ahora que el país está en una gravísima crisis económica y necesitado de recursos para combatir los males que nos siguen hundiendo: la inseguridad y la falta de educación. Pero pareciera no importarles, puesto que siguen haciendo gala de la misma falta de prioridades que el paciente que invadido de cáncer, invierte los pocos recursos que le quedan en hacerse una rinoplastia.

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