Cada dólar cuenta. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 13 junio 2016 / EDH

La gran mayoría de salvadoreños nos vemos en la necesidad de elaborar presupuestos familiares o personales para organizar y mantener estables nuestras finanzas, así como para realizar estimaciones de los gastos futuros y las fuentes de ingresos necesarias para solventarlos. A veces, en un tipo de “estira y encoge”, a los ciudadanos nos toca recortar las salidas de dinero en viajes, salidas a comer, compra de carro y compra de accesorios innecesarios, para poder trasladar el uso de ese dinero en cuestiones necesarias como salud, educación, seguridad y el pago de todas las obligaciones contraídas con terceras personas. Esto también deberían hacerlo todas las instituciones que se financian con fondos públicos.

diario hoyAl igual que los ciudadanos, el Estado debería seguir las reglas básicas y casi intuitivas de cómo elaborar y administrar un presupuesto. Es obvio que administrar un fondo de más de cuatro mil millones de dólares no es igual que el presupuesto de una persona o un hogar. Sin embargo, es posible afirmar que su elaboración sigue el mismo esquema básico en el caso del Estado: regular una actividad estatal que procura los medios económicos que en el pasado (recaudación), en el presente (determinación del gasto) y en el futuro (límite y control), son indispensables para la existencia de la organización política de la sociedad.

El presupuesto de la nación es una estimación de los gastos previstos por la Administración Pública para determinado período de tiempo, mediante la cual se busca distribuir eficientemente los recursos del Estado durante la implementación de las políticas públicas. Según el principio de especialidad del presupuesto (desarrollado por la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 1-2010), la Ley de Presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos en sus aspectos cuantitativos y cualitativos.  Este principio se constituye como un mecanismo de control de la disponibilidad presupuestaria del Estado, así como una forma de asegurar el cumplimiento de los fines previstos en la Constitución. A pesar de que estos principios han sido señalados en sentencias judiciales y por diversos sectores, no han sido considerados al momento de elaborar el presupuesto del país.

En El Salvador ya nos acostumbramos a que el presupuesto del Estado casi siempre ve la luz de forma desfinanciada, y a que la previsión de gastos no esté detallada a precisión, lo cual abre la puerta a la mala utilización del dinero del Estado. Ante esa escasez presupuestaria las primeras medidas a adoptarse deberían ser los recortes de gastos innecesarios que ayuden a dar un respiro a las carteras cuyos gastos e inversiones son imprescindibles. Sin embargo, la austeridad se ha convertido en un simple discurso de campaña y no una vivencia diaria para muchos sectores del Estado. Resulta escandaloso observar cómo una institución autónoma como la Comisión Ejecutiva Marítimo Portuaria considera necesario y trata de justificar el gasto de más de doscientos mil dólares en bebidas y comida en sus reuniones.

También resulta increíble cómo se justifican este y otros tipos de gastos, señalando que se tratan de egresos  mínimos o que no alcanzan para realizar alguna obra significativa. Si nos pusiéramos a sumar cada gasto del que las instituciones podrían prescindir por no ser necesario, probablemente alcanzaríamos una buena suma al acabar dicho ejercicio, la cual podría servir para mejorar la infraestructura de las escuelas y hospitales, comprar medicinas, pagar las pensiones del IPSFA o asignar presupuesto a políticas aprobadas para los lisiados de guerra, Fuerza Armada o Policía Nacional Civil. El Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República tienen que tomar un rol más activo en la fiscalización del uso de los fondos del Estado. En un país con escasos recursos como el nuestro, es urgente que en temas presupuestarios el Estado reduzca sus gastos innecesarios y deje de justificarlos en que se tratan de egresos mínimos o insignificantes. Cada dólar cuenta.

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