Mucho ruido, ninguna nuez. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 25 abril 2016 / EDH

En los últimos dos años hemos sido testigos de una práctica sin precedentes: los ciudadanos nos hemos tomado en serio el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, los cuales nos facultan a solicitar cualquier tipo de información en poder de las entidades públicas. Además, también hemos presenciado una profunda reforma al sistema electoral, donde pasamos de un dominio total de las cúpulas partidarias a un intento de democratizar los partidos políticos y hacerlos más abiertos a la participación ciudadana.

Estos cambios han traído aparejados una diversidad de pronunciamientos de los actores políticos en favor de la transparencia y de la buena voluntad de fomentar la pluralidad y participación dentro de los partidos. Sin embargo, recientes acontecimientos ponen en duda la buena voluntad de muchos políticos y de su repetitiva consigna de trabajo en favor de la transparencia y cumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional. Y es que, a pesar de la existencia de una Ley de Partidos Políticos, en la sentencia de inconstitucionalidad 43-2013 se declaró la inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Legislativa de regular en dicha ley algunos de los mandatos derivados del derecho de acceso a la información y de los principios de transparencia y de democracia interna de los partidos políticos.

diario hoyEn la sentencia se ordenó, entre otras cosas, que se estableciera en la ley la forma de votación en las elecciones de los órganos de decisión interna de los partidos y de los precandidatos a cargos de elección popular; las formas de competición en el gobierno interno del partido y los requisitos para ser admitido como precandidato para cargos públicos; cuál es el origen y destino de los fondos con que los partidos políticos y candidatos financian su actividad y el registro de aportes privados; transparentar y readecuar las estructuras organizativas de los institutos políticos, incluyendo una instancia cuya función específica sea el control y la auditoría, y los procesos de decisión, ejecución y control interno de las decisiones financieras; la garantía de los ciudadanos de acceso a la información de interés público en poder de los partidos. A pesar del fallo de la Sala ordenando que se regularan los aspectos anteriores, la Asamblea Legislativa ha retrasado el cumplimiento de la sentencia y dichos aspectos aún continúan pendientes de ser regulados para su operatividad.

Por otra parte, un grupo de ciudadanos, miembros de la iniciativa “Acción Ciudadana” (Eduardo Escobar y  Roberto Rivera), han solicitado al Tribunal Supremo Electoral la entrega del listado de donantes de todos los partidos políticos, así como el detalle de rendición de cuentas del uso que le dan al dinero recibido. Lo anterior, debido a que ningún partido voluntariamente ha entregado la información a pesar de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional.

En estos casos el Tribunal Supremo Electoral ha establecido un precedente importante, al señalar que las acciones dilatorias (por ejemplo, la denegación de información por no manifestar cuál es el interés por el que se requiere la información o el requerimiento de autorización de los donantes para entregar la información) se constituyen como denegatorias tácitas de información por los partidos políticos. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer; los partidos deberán entregar la información a los solicitantes en los términos que detalle el Tribunal Supremo Electoral. Ojalá estos criterios se fijen en favor de la transparencia y acceso a la información, así como se requiera de más detalle a los partidos en el tema de rendición de cuentas de los fondos invertidos, pues no se puede tener por cumplida una obligación cuando esta sea presentada de forma insuficiente.

La existencia de partidos políticos fuertes, transparentes y democráticos nos favorece a todos los ciudadanos, por lo que urge que se retome el diálogo sobre reformas a la Ley de Partidos Políticos, para que así se cumpla la sentencia y se garantice el acceso a la información financiera de los partidos y la democracia interna entre sus miembros. Si los partidos políticos no lo hacen voluntariamente, toda la buena voluntad de sus pronunciamientos se queda en simples palabras. Hasta el momento hay mucho ruido y ninguna nuez.

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