Secretos al clic de una computadora. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 11 abril 2016 / LPG
Como ya bien señalaba hace casi 6 años el conocido periodista Jorge Ramos en su columna de opinión, titulada “Nada es secreto”: “La sencilla razón de WikiLeaks parece ser la nueva premisa del siglo 21: una vez publicado, nada desaparece. Si algo aparece en la pantalla de una computadora, muy probablemente será guardado en alguna parte. En esta era digital, incluso un texto íntimo puede convertirse, con solo un clic del mouse, en un asunto público… Y en estos días, cualquiera armado de una computadora puede buscar y revelar un secreto de Estado” (LPG, 12/12/2010).

la prensa graficaDicho artículo me motivó a escribir lo siguiente en este mismo periódico: “Esto lo deben tener muy presente nuestros gobernantes. Estos no deben olvidar que sus puestos se los ha prestado el elector por 5 o 3 años, que un día no lejano dejarán de ser funcionarios, y que lo que hacen o hicieron siempre estará expuesto a un clic de computadora. Lo que ahora roben, lo que indebidamente hagan para incrementar su patrimonio, las movidas políticas que levanten, las leyes que violen a escondidas, etcétera, más temprano que tarde se hará del conocimiento público. Lo que WikiLeaks enseña es que de ahora en adelante hay que comportarse como si siempre se estuviera bajo el sol. Hoy más que nunca cobra sentido aquel refrán del no se puede tapar el sol con un dedo… menos con el dedo del corrupto y del pícaro” (LPG, 12/2010).

Gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, al accionar ciudadano y a la intervención de ciertos tribunales, en los últimos años se han podido revelar aspectos que se consideraban secretos de Estado: gastos discrecionales en Asamblea Legislativa, conocimiento (todavía parcial) de nombres y salarios de asesores legislativos, datos de viajes de diputados/as, actas de directivas de algunas empresas públicas, etcétera; y algo importante que se consideraba secreto ya no lo es: las declaraciones de patrimonio de los funcionarios.

Esto ha permitido que secretos sobre posibles delitos de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios públicos sean no solo del conocimiento ciudadano, sino que sean también parte de procesos judiciales, como los casos del expresidente del Seguro Social, los expresidentes Saca y Funes, y otros que seguirán. Gracias a los registros comerciales, ahora es público que el vicepresidente Ortiz es socio de una persona identificada por el mismo presidente Obama como uno de los Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Algo que tendrá que aclarar bien el vicepresidente Ortiz y enfrentar adecuadamente el gobierno para evitar significativas consecuencias.

Gracias al acceso a las computadoras de una firma panameña, Mossack-Fonseca, ahora sabemos con más detalle cómo funcionan y se usan indebidamente las operaciones offshore, y cómo algunos empresarios y altos funcionarios esconden riquezas mal habidas y/o eluden impuestos. Ahora sabemos con evidencia que uno de los principales amigos y financistas del expresidente Funes, Miguel Menéndez, utilizaba las plataformas opacas de las offshore.

En fin, los empresarios, los funcionarios de ayer y hoy, las instancias civiles o religiosas, las organizaciones ciudadanas, etcétera, debemos saber que lo que se hizo o se hará siempre estará expuesto al clic de una computadora.

PD: A propósito del escándalo mundial en torno a la firma panameña antes mencionada, el presidente de Chile Transparente fue inmediatamente separado de su cargo por Transparencia Internacional al saber que había tenido relación personal con operaciones offshore. Igualmente, Transparencia Panamá aclaró que hace unos 10 años, cuando descubrió que uno de los miembros de su consejo asesor, el panameño Fonseca, estaba relacionado con una empresa acusada de contrabando de diamantes, fue también inmediatamente separado de su cargo. En ambos casos no se esperó a ver si actuaron o no legalmente, o si eran culpables o no. Bastó la simple sospecha. Nadie debe estar jugando con la opacidad, mucho menos dentro de Transparencia Internacional. Esto por cierto contrasta con el comportamiento de algunas instituciones estatales en nuestro país, que lo que hacen es correr prestos a la defensa del sospechoso, a pesar de la abultada evidencia que pudiera haber en su contra.

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