Un descuido inaceptable… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 17 marzo 2016 / EDH

El torbellino político que azota al país ha retrasado la reforma electoral desplazándola a un segundo plano. Recién el año pasado, en marzo, el proceso demostró serios fallos que arriesgaron la legitimidad de la elección de los diputados. Fracasó el sistema de transmisión y procesamiento de resultados preliminares, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos erraron al llenar las actas en las que se consignan los votos por los partidos y las marcas que obtiene cada candidato, la falta de normativa obligó a la Sala de lo Constitucional a intervenir ordenando el recuento de los votos en el departamento de San Salvador y de nuevo la aplicación de la justicia electoral fue inoportuna y en algunos casos con sesgos partidarios.

diario hoyPor otra parte la escasez de consensos al interior del Tribunal Supremo Electoral fue evidente. Los magistrados que integran el organismo colegiado no lograron acuerdos en aspectos tan fundamentales como la contratación de la empresa que tendría a su cargo la aplicación de la plataforma tecnológica. En los comicios de 2012 y 2014 los electores accedieron “en línea” a la evolución de los datos a través de dispositivos móviles y computadoras. En 2015 esto no fue posible. Asimismo la relación del TSE con la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de pensamiento y las misiones nacionales de observación electoral fue escasa, frívola y vista con sospecha.

Las campañas de educación cívica para incentivar a los jóvenes a obtener su DUI por primera ocasión, para que aquellos que cambiaron de domicilio actualizaran su información  y aprovecharan así las ventajas  del voto residencial y para que se sustituyeran los documentos ilegibles o con daños por el uso o el transcurso del tiempo, fueron prácticamente inexistentes. Lo mismo se puede decir de la publicidad que debió masificarse a nivel nacional con el propósito de explicar las diferentes formas de votar debido a que se trató de la primera ocasión en la que los salvadoreños podían optar por candidatos a diputados de diferentes partidos con la única condición de no marcar más aspirantes que los que correspondían a su departamento ni banderas de partidos y candidatos de distintos institutos políticos de manera simultánea.

La débil fiscalización y la regulación insuficiente del financiamiento de las campañas electorales fue otro de los aspectos que reincidió en la última elección. El TSE aún no termina de implementar un mecanismo que le permita realizar una auditoría completa de los datos recibidos por los partidos. Tampoco se decide a presentar a la Asamblea una propuesta que estimule el debate acerca del blando sistema de multas para quien incumple las normas que ordenan el uso del dinero en la política. Los partidos siguen negando a los interesados información sobre sus finanzas y sus patrocinadores y no existe un procedimiento claro que determine la instancia a la que se debe recurrir cuando las organizaciones partidarias no otorgan esa información, responsabilidad que en todo caso debería recaer en el TSE. Sigue sin cumplirse la resolución de la Sala de lo Constitucional en relación a publicar los nombres de los donantes sin que deba solicitarse su autorización para la revelación de su nombre o el de su empresa. También se ha ignorado la discusión de un castigo más severo para los casos en los que se comprueba el uso de recursos públicos para promocionar a los candidatos del partido oficial.

Aún no se discute la integración de los organismos electorales temporales en los que ha quedado vedada, por orden de la Sala de lo Constitucional, la participación de todos aquellos ciudadanos que presentan una relación formal o material con un partido. Aunque la Constitución y la ley establecen un plazo breve para la campaña de diputados y alcaldes, lo cierto es que los partidos seguramente iniciarán en 2017 una “precampaña” para la competencia de marzo de 2018. Lo ideal es que las reglas estén aprobadas en lo que resta de 2016 con el compromiso de no modificarlas un año antes del evento a menos que exista una inconstitucionalidad manifiesta declarada por la Sala. Todos los problemas que nos agobian son importantes pero desatender el engranaje a través del cual se distribuye el poder político sería un descuido inaceptable.

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