No son las leyes las que traerán inversión. Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Entre 2014 y 2015, se aprobaron y entraron en vigor ciertas leyes cuyo común denominador era, en términos generales, la atracción de inversión nacional y extranjera.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 7 marzo 2016 / LPG

Destaca entre estas, la Ley de Asocios Público Privados, cuyo objeto es establecer el marco normativo para el desarrollo de proyectos de Asocio Público Privado para la provisión de infraestructura y servicios públicos de interés general, en un marco de seguridad jurídica. Luego de varias idas y vueltas, esa ley previó que PROESA sería la institución encargada de asesorar a quienes quisieran impulsar esos proyectos.

Y fue con ese propósito que paralelamente se aprobó la Ley de Creación de PROESA, en la cual se estableció que esa institución tendría por objeto promover y atraer la inversión privada nacional y extranjera, promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en el país, la evaluación y monitoreo del clima de negocios y la elaboración de propuestas de mejora a las políticas de inversión y exportación.

A pesar de algunos esfuerzos aislados y sin continuidad que ha realizado PROESA, hasta la fecha no se ha concretado ninguna inversión que quede cubierta por el régimen de asocio público-privado; y tampoco parece que vaya a ocurrir algo distinto en el futuro cercano. ¿Por qué?

Adicionalmente, se aprobó la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, la cual dice tener por objeto la atracción y promoción de la inversión nacional y extranjera a través de un marco legal que garantice la seguridad jurídica al inversionista, mediante la implementación de “Contratos de Estabilidad Jurídica”, con la finalidad de contribuir de manera efectiva al desarrollo económico y social del país; al crecimiento de los sectores estratégicos; a la integración eficiente de la economía nacional con la internacional y a la generación de empleo.

La experiencia que se reporta en otros países con la celebración de estos “Contratos de Estabilidad” no ha sido necesariamente la mejor; han sido en realidad un semillero de disputas internacionales entre inversionistas y Estados que lleva a cuestionar si se trata de una política pública acertada.

Pero dejando de lado la conveniencia de celebrar este tipo de contratos a través de los que el Estado se compromete a no modificar por un período de tiempo el régimen tributario nacional, municipal y aduanero, lo cierto es que a esta fecha, tampoco se ha celebrado ningún “Contrato de Estabilidad Jurídica”. ¿Por qué?

No vamos a negar que contar con un ordenamiento jurídico que otorgue ciertas garantías a los inversionistas será tomado en consideración por estos a la hora de decidir si se invierte o no en un determinado país. Pero eso juega un rol muy secundario frente a la realidad que el inversionista perciba o viva en ese país.

En anteriores oportunidades hemos dicho que la generación de un clima de inversión adecuado no viene por decreto; por lo que podrán decretarse todas las leyes que sean y podrán ratificarse todos los Tratados de Protección de Inversión que se quieran, pero si las autoridades siguen sin enviar las señales adecuadas a los inversionistas, estos simplemente no van a invertir.

Se requiere, entre muchos otros factores, que se dé evidencia cierta del respeto irrestricto a la Constitución, a la división de poderes, a la institucionalidad, al compromiso con la transparencia y a la lucha contra la corrupción. En nuestro caso particular, se requiere además de un viraje de ciento ochenta grados en el manejo de la crisis de inseguridad en que vivimos.

Más allá de aprobar leyes, se necesita dar muestras contundentes de que las inversiones no estarán sujetas a vaivenes políticos o terquedades y que se realizarán en un ambiente seguro para el inversionista y sus empleados. Hay que trabajar en eso antes de seguir pensando en nuevas leyes.

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