Están obligados. De Sandra de Barraza

La probidad se demuestra con números que deben cuadrar y tener explicación. Demostrarla conviene a la persona. Asegurarla conviene al país. Esto nada tiene que ver con persecución política. Esto tiene que ver con persecución a la corrupción.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 19 febrero 2016 / LPG
l 2 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública. Es el Decreto n.º 534 de la Asamblea Legislativa. Esta ley otorga a todos y a cualquier ciudadano la garantía de tener el derecho de acceso a información pública. Y concede este derecho para “contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado”, instituciones a cargo de personas que asumen, temporalmente, la función de servidores públicos y que antes de tomar posesión de su cargo, protestan bajo su palabra de honor cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República.
Los funcionarios públicos, civiles o militares, que “tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados, deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento… Si no lo hicieren oportunamente, serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes”.
El texto de la Constitución de la República es claro y la redacción de su contenido seguro que está inspirada en el bien común, en el bien común que produce una institucionalidad que funcione apegada a la ley y con funcionarios que aseguren el uso racional y oportuno de recursos públicos. De esos recursos que conforman la hacienda pública es decir, “fondos y valores líquidos; créditos activos; bienes muebles y raíces; y derechos derivados de la aplicación de leyes relativas a impuestos, tasas y demás contribuciones…”.
Los funcionarios y empleados públicos en los dos niveles de gobierno, en todos los Órganos del Estado y el Ministerio Público están obligados a velar por el cuidado de este patrimonio nacional. Nadie puede utilizarlos para distintos fines a los establecidos y menos para fines privados.
La misma Constitución de la República cuida de los intereses públicos cuando en el artículo n.º 240 establece que “los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio, lo que hubieren adquirido ilegítimamente”.
Para cuidarse y demostrar que no hay enriquecimiento ilícito, los funcionarios están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posesión de su cargo. Al cesar de sus cargos, deben hacer nueva declaración del estado de sus patrimonios. Esto significa que los números tienen que cuadrar. Esto significa que los números tienen que explicarse. Y esto significa tomar en serio la declaración del patrimonio, con la veracidad que impone el compromiso de ser y demostrar probidad en el ejercicio de la función pública.
La Constitución vela por el bien común, y otorga a la Corte Suprema de Justicia “la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración”. Y es información oficiosa toda acta o resolución que emita en pleno. Así lo dice la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esa ley establece que “TODA persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados, de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna”. Y esto, con procedimientos sencillos y expeditos para promover la participación y fiscalización ciudadana, y simultáneamente la cultura de transparencia. Y esto para prevenir y a combatir la corrupción. ¿A quién le afecta esto? ¿A quién le conviene esto?

Pregunto porque escucho mensajes en algunos medios de comunicación que quieren hacernos creer que la responsabilidad de la transparencia es “responsabilidad de unos pocos” y que generalizarla a todo funcionario y empleado público, especialmente a los de elección popular, cae en “persecución política”. Y esta “persecución política” es peor cuando de “enriquecimiento ilícito” se trata.

¿Enriquecimiento ilícito? La Constitución en el mismo 240 “presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado… fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”. Está claro. La probidad se demuestra con números que deben cuadrar y tener explicación. Demostrarla conviene a la persona. Asegurarla conviene al país. Esto nada tiene que ver con persecución política. Esto tiene que ver con persecución a la corrupción. Y esto, a todos conviene.
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