La elección, el funcionario y las expectativas. De Joaquín Samayoa

Joaquin SamayoaDe Joaquín Samayoa, 8 enero 2016 / EDH

Después de meses de tanteos, forcejeos y presiones, dentro y fuera del recinto legislativo, hubo humo blanco para la elección casi unánime del nuevo titular de la Fiscalía General de la República. Como suele ocurrir en las elecciones que requieren mayoría calificada, ningún candidato que al inicio del proceso haya tenido fuerte apoyo de uno de los partidos mayoritarios tiene posibilidades de convertirse en el candidato de consenso. Eso mismo ocurrió en esta ocasión.

Por la naturaleza de las funciones de la fiscalía, las consideraciones que mueven a los partidos a respaldar o rechazar determinadas candidaturas no son ideológicas sino de conveniencia partidaria. Lo que cuenta no son las ideas políticas de los candidatos, sino las expectativas sobre el comportamiento hostil o amistoso de los candidatos hacia determinados grupos de poder económico o político.

El proceso siempre se alarga mucho más de lo necesario, no porque sea particularmente difícil o complicado evaluar las competencias y logros de los candidatos, sino por las especulaciones acerca de la buena o mala disposición de los candidatos a usar los enormes poderes de la fiscalía para encubrir o castigar, con sesgo favorable, a los corruptos de uno u otro partido. La aritmética legislativa, la correlación de fuerzas partidarias, es la que obliga a todos a hacer concesiones y apostarle al mal menor. O, como parece haber ocurrido en esta ocasión, el impasse se resuelve renunciando a las posibilidades de manipulación del funcionario y dando finalmente la importancia que debieron dar desde un principio a la experiencia y competencia de los candidatos.

Esta vez los diputados lograron unanimidad. La solitaria abstención del diputado John Wright (ARENA) no significa un rechazo al candidato sino a un proceso en el que, una vez más, son las cúpulas partidarias las que se ponen de acuerdo, permitiendo una participación muy limitada a los diputados que se ubican en los círculos más externos del poder partidario.

Aunque no afecta el resultado de la votación, la abstención del joven diputado arenero es un voto de calidad y de conciencia que merece respeto. Es muy lamentable que la subjefa de fracción de ARENA haya valorado como resultado de inexperiencia e inmadurez una posición disidente que está en plena sintonía con el pensamiento de cientos de miles de ciudadanos que aspiramos a formas más democráticas y transparentes de hacer política.

Volviendo al tema de la unanimidad en la elección, se trata de un resultado que por extraño se vuelve sospechoso, ya que estamos acostumbrados a ver unanimidad solo cuando las decisiones son absolutamente intrascendentes o cuando los diputados se recetan privilegios o buscan justificar actuaciones en las que ninguna fracción política está libre de pecado, como es el despilfarro de dinero en turismo legislativo, vehículos caros, banquetes, etc. etc. etc.

Pero mal haríamos en permitir que las dudas razonables den paso a actitudes paranoicas. Por ahí andan circulando algunas aseveraciones realmente sorprendentes que ponen en duda la imparcialidad del nuevo fiscal solo porque su tío es un conocido diablito o porque ha trabajado en una institución pública en los gobiernos del FMLN. Al contemplar esta danza de fantasmas, me vienen a la mente las descalificaciones a priori que hicieron en su momento de algunos de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional.

No conozco al nuevo fiscal y, aunque lo conociera, hace ratos que aprendí a no meter las manos al fuego por nadie. El poder suele arruinar a los virtuosos y pone de manifiesto debilidades que antes pasaron inadvertidas. Pero no necesitamos santos ni súper héroes al frente de las instituciones públicas, basta con personas decentes, honradas, competentes y trabajadoras. El nuevo fiscal merece la oportunidad de demostrar que tiene y conservará esas virtudes en el ejercicio de sus funciones.

Le deseo éxito al nuevo titular del ministerio público. Pero su éxito depende también de muchos otros factores, algunos de los cuales escapan a su control. Deben hacerse los ajustes presupuestarios necesarios para respaldar los cambios institucionales que el fiscal considere necesarios. Debe modificarse el marco jurídico para buscar mayor eficacia en la persecución de delitos, como asesinatos y extorsiones, que no dejan mucho rastro y cuya condena depende en demasiada medida de testimonios que la gente, con sobradas razones, no está dispuesta a ofrecer.

En lo concerniente al combate a la corrupción, dos cosas espero del nuevo fiscal: que no se preste a usar el poder de su oficina para realizar actos de persecución política, como muy lamentablemente ha ocurrido en el pasado reciente, y que desmienta con sus actos lo que se rumora en el sentido de que, para obtener el respaldo de los dos principales partidos, se comprometió a dejar en paz a los corruptos de administraciones anteriores y solo se ocupará de lo que vaya saliendo de aquí en adelante.

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