Venezuela, un país sin Estado donde reina la violencia. Editorial El Mundo

el mundoEditorial, 29 diciembre 2015 / EL MUNDO

ALLÍ DONDE el Estado se muestra incapaz de garantizar la seguridad ciudadana e imponer el cumplimiento de la ley, la delincuencia organizada toma su relevo con absoluta impunidad. Es lo que está ocurriendo en la Venezuela chavista, donde según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) se cometen cerca de 80 asesinatos diarios, el 97% de lo cuales quedan sin castigo.

Además de la escasez de alimentos, la paulatina pauperización de la población, agravada por su falta de perspectivas laborales y económicas, y la represión de las libertades políticas y sociales que ha traído la revolución bolivariana, los ciudadanos venezolanos tienen que convivir con el mayor índice de violencia de toda Latinoamérica, igualado sólo por El Salvador. Las cifras ofrecidas por el informe independiente elaborado por la OVV habla de 27.875 crímenes mortales durante 2015, cuyas causas serían las actividades de las mafias vinculadas al tráfico de drogas, a los secuestros y a la extorsión bajo amenaza. Una cifra bastante más alta que la que presentaba el país en 1999, cuando Hugo Chávez tomó el poder. Entonces, eran 4.450 las personas que morían de forma violenta al año. Una cifra alta, pero muy alejada de la dramática realidad actual. Casi 15 años después, el deterioro de los cuerpos policiales, el mayor protagonismo del Ejército en labores de seguridad y la desintegración de las estructuras institucionales, producto de las prácticas de un régimen corrupto, autocrático y arbitrario, han convertido el país en un territorio sin ley. En total, desde aquel lejano 1999, han sido asesinadas violentamente 280.000 personas y los robos a mano armada, los linchamientos callejeros, el asesinato de policías para robarles el arma y la arbitraria represión militar están a la orden del día.

Más allá del fracaso de sus políticas económicas y la caduca retórica revolucionaria y militarista, estos asesinatos impunes son el reflejo de un Estado fallido cuyos dirigentes, con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello al frente, prefieren la ruina del país a ceder el poder. En las elecciones del pasado 6 de diciembre, los venezolanos expresaron claramente su rechazo a un régimen que jugó con sus ilusiones de progreso y los ha sumido en la pobreza y la desesperación. Pero lejos de tomar nota del veredicto de las urnas, Maduro estudia sustituir las competencias de la Asamblea Nacional, donde la oposición ha conseguido una mayoría suficiente capaz de frenar la deriva autoritaria del régimen, por un nuevo órgano, la Asamblea Comunal, una estructura de poder alternativo controlado por el partido de Maduro. De consumarse esta iniciativa política, el chavismo daría un trágico paso hacia la definitiva desintegración social, económica y política del país.

Apoyada por la comunidad internacional, la oposición debe actuar más unida que nunca y forzar a Maduro y a Diosdado a respetar el mandato democrático, poner en libertad a los opositores políticos encarcelados y dar un giro a una política populista y dictatorial que ha destruido el país y obliga a vivir a sus ciudadanos bajo una inflación galopante. Venezuela, un país con abundancia de recursos naturales, debe volver a la senda democrática e iniciar un programa de reactivación económica que acabe con las interminables colas ante unos supermercados y farmacias que carecen de lo necesario para la vida diaria.

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