Congreso EUA condiciona $750 mill a lucha anticorrupción

Las dos cámaras legislativas acordaron el martes un solo proyecto general de presupuesto que incluye $750 millones para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica condicionados a los avances que El Salvador, Guatemala y Honduras muestren en materia de transparencia.

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Héctor Silva Ávalos, 17 diciembre 2015 / LPG

la prensa graficaLa buena noticia para Guatemala, El Salvador y Honduras es que los legisladores estadounidenses se pusieron de acuerdo para otorgar $750 millones a la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el plan pactado por los tres países y Washington para atacar las causas de la migración de indocumentados a Estados Unidos (EUA), entre ellas la debilidad de los estados nacionales y la corrupción.

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Screen Shot 2015-12-18 at 9.21.56 PMLa otra buena noticia para los tres países es que ninguno de sus respectivos gobernantes podrá acceder a esos fondos si no muestra resultados concretos en la lucha anticorrupción o si no es capaz, entre otras cosas, de establecer condiciones para el funcionamiento de fiscalías generales independientes que puedan perseguir y encarcelar a funcionarios corruptos.

“(Los fondos solo serán puestos a disposición) luego de que el Secretario de Estado certifique y reporte a los comités pertinentes del congreso que esos gobiernos están tomando medidas efectivas para combatir la corrupción, incluida la investigación y persecución penal de funcionarios en ejercicio sobre quienes pesen acusaciones verificables de corrupción”, dice el texto acordado en Washington.

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Son 16 las condiciones específicas (ver recuadro) que impone el proyecto de ley de presupuesto consensuado el pasado martes en ambas cámaras del Congreso estadounidense, un documento de 2,009 páginas que será votado mañana y que, en su sección 745, establece las condiciones para erogar fondos a los tres países centroamericanos.

En total, el desembolso del 75 % de los $750 millones está condicionado a que los gobiernos de Jimmy Morales, de Guatemala; Juan Orlando Hernández, de Honduras; y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, sean capaces de mostrar avances en políticas públicas relacionadas con la transparencia, la persecución del crimen organizado, la disciplina fiscal o la regulación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, entre otros.

Motivos de suspensión

El mismo proyecto establece los mecanismos para la suspensión o retención de esta ayuda en caso de que los Gobiernos no cumplan con las condiciones establecidas por el Congreso. Para empezar, el secretario de Estado tendrá que revisar los progresos realizados por los tres gobiernos del Triángulo Norte en sus esfuerzos por cumplir cada uno de los 16 condicionantes y deberá, a más tardar el 30 de septiembre de 2016, someter un reporte de avances al Congreso en Washington.

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Si el Congreso o el mismo Departamento de Estado determinan que los avances no son suficientes los fondos estarán en riesgo. “Si se determina que un gobierno central no está mostrando suficiente progreso, el Secretario deberá suspender, por completo o en parte, la asistencia a ese gobierno en las materias en cuestión, e informar por escrito a los comités pertinentes del Congreso”, establece el proyecto de ley.

La única manera en que los fondos volverían a ser desembolsados, una vez suspendidos, es que los comités del Congreso lo aprueben tras certificar que los gobiernos centroamericanos han tomado “las medidas correctivas pertinentes”.

Presión creciente

La presión sobre los tres gobiernos de Centroamérica en materias de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de instituciones estatales empezó en noviembre de 2014, cuando la administración de Barack Obama negoció, a través del vicepresidente Joseph Biden, los términos de la Alianza para la Prosperidad.

Desde el principio, Washington insistió, sobre todo a través de voceros del Departamento de Estado, pero también a través de las oficinas de influyentes senadores relacionados con los comités judiciales, de relaciones exteriores o de adjudicaciones, en que los tres países debían mejorar sus prácticas de transparencia y combate a la corrupción.

En concreto, para el caso guatemalteco, la Casa Blanca y el Departamento de Estado presionaron al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina para que renovara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La comisión, a la postre, participó en las investigaciones que terminaron en un proceso judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien hoy guarda prisión acusado de corrupción. Desde mediados de este año, Estados Unidos también ha influido para que Honduras establezca un mecanismo internacional anticorrupción parecido a CICIG, algo a lo que el Gobierno de Juan Orlando Hernández se ha resistido. Y en el caso salvadoreño las condicionantes impuestas por el Congreso a la cooperación para la Alianza por la Prosperidad llegan en momentos en que seis congresistas han pedido la elección de un fiscal independiente y horas después de que el partido en el Gobierno propuso limitar las facultades de investigación a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ya pidió juicios por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Cardoza y contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores.

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