Tirando el problema hacia adelante. De Mariana Belloso

La pensión mínima deberá correr por cuenta del Estado, será una presión para quienes estén en ese momento en el poder. Quizá por ello ninguna administración ha querido encarar el problema de forma integral, porque será una bomba que estallará en manos de otro.

Mariana Belloso

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Mariana Belloso, 4 octubre 2015 / LPG

Tener una pensión digna cuando uno llega a la edad en la que ya no puede trabajar, o al menos, ya no debería hacerlo, no solo es un derecho ciudadano de quienes aportaron durante su juventud y madurez a la economía del país. También es una necesidad social. ¿Qué hace un país donde sus ancianos están desprotegidos? ¿Cómo hacer frente a esto cuando hayamos más viejecitos que jóvenes?

El Salvador estuvo varios años bajo un sistema en el que los jóvenes, muchos más que los viejos, aportaban a un fondo común, del cual iban saliendo las pensiones de quienes se jubilaban. El sistema no era sostenible porque se ahorraba apenas un 3 % del salario, y luego las pensiones eran del 70 %. Matemática, económica y financieramente no era sostenible.

Luego se apostó por un sistema de cuentas individuales. En teoría cada quien ahorraría su propio fondo personal, que debería ir creciendo con buenas inversiones hechas por las AFP para que el dinero alcanzara para una pensión decente. Se planteó como una opción sostenible que, sin embargo, se implementó con fallas que ahora han generado problemas de suficiencia.

La transición dejó una deuda que se acerca a los $18,000 millones en obligaciones de pagar pensiones a la gente del antiguo sistema. Para pagarles, se creó un fideicomiso que vende títulos a las AFP. A la fecha, se han usado unos $4,800 millones de los ahorros para pensión para comprar estos títulos y pagarles a los jubilados del antiguo sistema.

Ahora, con una nueva reforma de pensiones a las puertas, preocupa que se plantee, de nuevo, usar los ahorros de quienes ahora trabajan para pagar la deuda del antiguo sistema. Al hacerlo, el Gobierno adquirirá la obligación de pagar las pensiones de los futuros pensionados. De nuevo, se está tirando el problema hacia adelante.

Hasta la fecha, ningún Gobierno ha asumido en serio el tema de las pensiones. Después de la reforma de 1998 se han realizado cambios que han afectado al sistema en lugar de mejorarlo. Actuarios, consultores y especialistas han insistido desde entonces en la necesidad de mejorar el esquema, volverlo más inclusivo, mejorar la cobertura y, sobre todo, volverlo sostenible.

Pero los gobiernos lo siguen viendo como un problema fiscal, una deuda que se ha pagado con más deuda, en lugar de asumirlo como una obligación social con los jubilados. Al verlo como un problema fiscal, es lógico que se busquen soluciones que solo cubren ese aspecto.

¿Sabía usted que solo uno de cada cuatro trabajadores está ahorrando para su futura jubilación? ¿Sabe que solo uno de cada ocho logrará cumplir los requisitos para retirarse? ¿Sabe que la gente con ingresos de menos de $484 alcanzará la pensión mínima de ley, que es de $207 mensuales?

¿Qué pasará con todos los que lleguen a la edad de jubilación sin ahorros, sin una pensión garantizada? La pensión mínima deberá correr por cuenta del Estado, será una presión para quienes estén en ese momento en el poder. Quizá por ello ninguna administración ha querido encarar el problema de forma integral, porque será una bomba que estallará en manos de otro.

Ha sido la actual administración la que ha anunciado, finalmente, que habrá cambios en el sistema. Pero sin una propuesta como tal y muchas declaraciones de diferentes funcionarios públicos al respecto, se han levantado temores y dudas. Lo que como ciudadanos debemos esperar en este sentido es, en primer lugar, transparencia. Que se presente con claridad y sin tapujos la propuesta, y que se abra, tal y como lo ha ofrecido el presidente Salvador Sánchez Cerén, una discusión amplia y adecuada sobre esta.

Y a lo que debemos aspirar es a que se nos presenten soluciones para que más salvadoreños tengamos acceso a un ahorro para pensión, a que el sistema nos ofrezca pensiones dignas, y que dicho sistema sea sostenible. No queremos que se siga tirando el problema para adelante, porque entonces será muy tarde

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