La reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional ha entusiasmado a algunos políticos y medios. Los que han exclamado una especie de “¡por fin!” son especialmente aquellos que desde hace tiempo vienen diciendo que la mejor manera de contrarrestar y contener la criminalidad es con leyes más duras. Ellos y algunos más, convertidos recientemente a la misma doctrina.
José María Tojeira, ex-rector de la UCA
Sin embargo, la apuesta por leyes más duras sin atender otros aspectos solo multiplica a largo plazo el malestar ciudadano. Por eso es necesario repetir e insistir, aunque a veces sea contra corriente, en los factores que deben ser tenidos en cuenta y trabajados a la hora de mantener la delincuencia en niveles aceptables. Dado que delincuencia siempre habrá, es prioritario combatir sus causas, en vez de optar por reprimirla cada vez con mayor dureza sin entrar a fondo en la corrección de lo que la origina. No se puede negar que en los tiempos que corren es importante tener una buena ley contra el terrorismo, pero otra cosa es que se considere un maravilloso instrumento para combatir a las maras.
En el caso del terrorismo, y siguiendo las ideas de la sentencia, sería posible en teoría, no en la práctica, que se metiera en la cárcel a entre 50 mil y 100 mil personas. En teoría es posible porque, según las autoridades, hay unos 50 mil mareros, y por supuesto mucha más gente que les apoya directa o indirectamente en diversas tareas. En la práctica, las instituciones no están preparadas para juzgar adecuadamente a tantas personas ni tienen criterios uniformes para hacerlo. Ni siquiera están obligadas por la opinión de la Sala, que, aunque en sus considerandos cataloga como terroristas a los miembros y colaboradores de las maras, no dice en su resolución final que todos tengan que ser perseguidos y juzgados como tales. Para añadirle imposibilidad al furor antipandillas, no hay espacio en las cárceles existentes ni dinero para construir prisiones adecuadas para recluir a tanta gente.
Mientras haya injusticia social, habrá violencia, decía monseñor Romero. Y mientras la injusticia social sea grave, como lo es en la actualidad, la violencia seguirá existiendo en niveles altos en El Salvador. Siempre se nos ha dicho que la violencia genera violencia. Y la injusticia existente en los campos económico, social y cultural es violencia estructural. Los niveles de desigualdad son muy altos tanto en el terreno de los salarios como en el de la educación, la salud, la vivienda y la seguridad. La desigualdad existe en todos los países, pero cuando es tan aguda que toca y ofende la igual dignidad humana, tiende inmediatamente a generar violencia. A esto hay que sumarle la debilidad de nuestras instituciones. No invertimos en coherencia con las necesidades ni en la Policía ni en la Fiscalía. No somos capaces de erradicar la corrupción del sistema judicial. Somos demasiado tolerantes con la falta de profesionalismo en el mundo de la justicia y de la persecución del delito. Construimos sistemas débiles en la persecución y sanción del delito, y pedimos leyes más duras. Como si las leyes duras contra el crimen resolvieran la debilidad, la floja coordinación e incluso la corrupción existente dentro de las instituciones mencionadas.
Es cierto que los niveles de brutalidad han llegado a extremos cada vez más difíciles de manejar racionalmente. Pero la solución no puede ser entrar en una especie de guerra cada vez más brutal o represiva hasta llegar a la ausencia de límites. Ya en los comentarios a las notas de los periódicos informáticos abunda, protegida por el anonimato, una literatura burda y delictiva, insultante, que pide simple y sencillamente asesinar a personas sin límites legales. En tiempos en los que cualquier excusa sirve para liberar pasiones y brutalidades, resulta indispensable recuperar la racionalidad, insistir en ella y buscar salidas inteligentes a la irracionalidad de la realidad. La gran mayoría de los salvadoreños es buena, se esfuerza y lucha, resiste en su búsqueda del bien en medio de la difícil situación en que vivimos, y se merece un futuro construido desde la razón. Es cierto que debemos tener el corazón caliente para defender a las víctimas. Pero la cabeza debe permanecer fría y trabajar, analizando racionalmente causas y procedimientos contra el crimen. Prevenir invirtiendo en educación y trabajo es imperativo. Mejorar las instituciones, depurarlas si es preciso, invertir en las mismas es indispensable. Se pueden comprender los gritos e incluso el endurecimiento de penas, pero gritando únicamente para pedir venganza, penas duras y exterminio no llegaremos muy lejos.
El diccionario define el terrorismo como “dominación por el terror” y como “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Es evidente que las pandillas actúan tratando de dominar desde el miedo y el terror, y en algunos casos sus miembros podrían ser juzgados por delitos contenidos en la ley. Pero más allá de eso, las propias pandillas tienen que reflexionar sobre ese modo de comportamiento que no solo es delictivo, sino inhumano. De nuestra parte, generalizar el término terrorista para aplicárselo a todo pandillero y a su entorno sería un error garrafal. Lo mismo que es absurdo amenazar con considerar terroristas a quienes tratan de dialogar con las pandillas desde la religión o los derechos humanos, explorando las posibilidades de salidas racionales a la situación. La declaración de la Sala está ya dada. Ahora debe entrar en funcionamiento la racionalidad de las instituciones y la sensatez de saber que la violencia impide siempre la continuación del diálogo. El Estado no puede recurrir a la violencia en primera instancia, porque sus obligaciones fundamentales son otras. Basta con leer la Constitución. El ser humano, además, para desarrollar tanto su individualidad como su dimensión social, tiene que preguntarse sin descanso cómo resolver, pacíficamente y día a día, los problemas con los que se va encontrando. La violencia silencia la capacidad humana de cuestionar y preguntar.
Segunda Vuelta 