Basta. De César Castro Fagoaga

“Varios agentes policiales, quienes se le acercaron, lo insultaron y le expresaron ‘te vas a morir’, tras lo cual le dispararon varias veces”, dictaminó el informe de la PDDH sobre la ejecución de un hombre.

cesar castro fagoagaCésar Castro Fagoaga, 16 agosto 2015 / LPG

Esta semana mataron a un hombre. No debería llamar la atención –se sabe, somos inmunes– pero este homicidio fue particular porque nadie quería saber del cadáver. Ocurrió en un municipio de San Salvador, durante la noche, mientras él y otros estaban sentados en una acera. Su familia pasó las horas siguientes en un calvario: ninguna funeraria del municipio quería preparar el cuerpo, pues temían que el crimen estuviera relacionado con alguna pandilla y que el negocio terminara rafageado. Una funeraria que no acepta muertos, el miedo invade hasta a los que conviven con la muerte.

No es todo. El hombre murió en un fuego cruzado, según la versión oficial que llegó a la redacción: un grupo de pandilleros se enfrentaba a tiros con un grupo de policías. Lo de todos los días desde hace varios meses. Las balas alcanzaron al hombre que estaba sentado con sus amigos, un tipo que nada tenía que ver con las pandillas. Solo estaba sentado fuera de su casa, en una colonia donde, desgraciadamente, las pandillas mandan.

Me encantaría equivocarme pero, a juzgar por lo visto en los últimos meses, la cantidad de bajas y errores colaterales de esta guerra que ahora nos atañe no ha parado de aumentar. En la última semana, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha dado a conocer dos informes que muestran que los cuerpos de seguridad del Estado han cometido arbitrariedades y abusos en su lucha contra las pandillas.

El 6 de agosto, un niño de cinco años recibió un disparo en la cabeza en un supuesto enfrentamiento entre pandilleros y militares en una colonia de San Salvador. Sin embargo, la investigación de oficio de la PDDH determinó algo totalmente diferente: ni hubo enfrentamiento y el disparo salió del rifle de un militar que, al ver correr a otro niño de 12 años –con discapacidad mental, según la PDDH–, decidió halar el gatillo para desaparecer cualquier amenaza. No había ni pandilleros cerca.

Un mes antes, el 5 de julio, un sargento del Cuerpo de Agentes Municipales de Cojutepeque murió en lo que en ese momento se calificó como un “confuso tiroteo”. El sargento Celso Hernández caminaba en la noche en la Panamericana para buscar a su hija que trabajaba en una gasolinera. Un grupo de pandilleros lanzó una granada, la policía persiguió a dos supuestos responsables y en el camino se topó con el sargento Hernández. La policía dijo que murió en un fuego cruzado, pero desde ese momento su hija dijo que el sargento había sido asesinado por la policía. La PDDH apunta lo mismo en un informe divulgado este viernes: agentes policiales lo ejecutaron. “Varios agentes policiales, quienes se le acercaron, lo insultaron y le expresaron ‘te vas a morir’, tras lo cual le dispararon varias veces”, dictaminó el informe de la procuraduría.

Los colegas del periódico El Faro, además, han documentado dos casos de abusos y aparentes ejecuciones sumarias de parte de miembros de la Policía. Por esas publicaciones, en lugar de recibir muestras de preocupación ciudadana ante el deterioro de las autoridades llamadas a preservar la seguridad pública, los colegas han sido amenazados.

Esto es grave, muy grave. Estamos viviendo días decadentes, presenciando en directo, desde la comodidad de nuestra indiferencia, la degradación más pronunciada de la sociedad. Este país, con una guerra de 12 años que aún lo despierta por las noches, no puede darse el lujo de ceder un centímetro a las arbitrariedades de sus cuerpos de seguridad. El arcadas deberían hacernos reflexionar. El combate contra las pandillas es fundamental, pero no a cualquier costo. Contra los responsables –pruebas en mano– de delitos, no contra civiles ni periodistas. Si perdemos la institucionalidad, perdemos todo. Y entonces nos volveremos a arrepentir. Otra vez.

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