Sobre una CICIG a la medida de El Salvador. De Javier Castro De León

Un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente es sobre la posibilidad de crear en El Salvador una entidad similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se han escuchado diversas opiniones, a favor y en contra, y dentro de estas últimas, algunas sin fundamento, al decir que lo que se persigue es desestabilizar al actual Gobierno.

Javier Castro de Leon, director del Departamento de Estudios Legislativos de FUSADES

Javier Castro de Leon, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES

Javier Castro De León, 31 julio 2015 / LPG

Lo que no podemos dejar de hacer los ciudadanos frente a los grandes problemas de impunidad y de criminalidad que afectan la paz de las familias salvadoreñas es un análisis serio y objetivo sobre la posibilidad de tener en el país una entidad similar a la CICIG. Debemos tener claro que no se trata de copiar el modelo guatemalteco, sino de considerar una estructura que se adapte a nuestro marco constitucional y propia realidad.

Para la discusión de este tema es importante conocer algunos aspectos sobre la creación de la CICIG en Guatemala. El proceso no fue fácil, empezó desde los Acuerdos de Paz, en donde se incluyó el compromiso de combatir cualquier manifestación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. A partir de dicho acontecimiento surgió la idea de crear lo que ahora es la CICIG, la cual encontró muchas resistencias, principalmente desde el statu quo político, habiendo pasado varios años para que finalmente, en diciembre de 2006, se firmara entre la ONU y el Gobierno guatemalteco el Acuerdo que fue ratificado por el Congreso en 2007.

Dentro del proceso de creación es interesante señalar las dos intervenciones que tuvo la Corte de Constitucionalidad. La primera fue en 2004, en ocasión de la opinión consultiva sobre el acuerdo celebrado entre la ONU y el Gobierno, para establecer una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CICIACS), resolviéndose que las funciones de investigación y persecución penal corresponden en exclusividad al Ministerio Público, por lo que otorgarle a la comisión dichas facultades era inconstitucional. La segunda ocasión fue en 2007, cuando de nuevo dicha Corte emitió la opinión consultiva sobre el acuerdo para crear la CICIG, resolviendo que era constitucional la creación de una comisión que coadyuvara con la investigación de los delitos de acción pública.

Considero que la CICIG ha sido clave para enfrentar la criminalidad y la corrupción en Guatemala, complementando y fortaleciendo la institucionalidad nacional, pues entre otros aspectos, apoya al Ministerio Público brindando asistencia técnica para fortalecer la investigación a través de la prueba científica y la tecnología, lo que ha permitido procesar a altos funcionarios públicos.

Regresando a El Salvador, las razones para analizar la posibilidad de crear una comisión contra la impunidad sobran: elevados índices de criminalidad, alta impunidad, poca efectividad en la justicia penal y prueba científica muy limitada. Desde el punto de vista jurídico, una comisión salvadoreña de dicha naturaleza que venga a cooperar, complementando y fortaleciendo el trabajo que realiza la Fiscalía, no sustituyéndola, no sería inconstitucional, pues la institucionalidad salvadoreña sería siempre la autoridad facultada para actuar en nombre del Estado.

Tenemos un problema serio de impunidad y por ello, lo menos que debe haber es un debate público, serio y desideologizado, sobre la conveniencia o no de tener una comisión contra la impunidad en El Salvador, ad hoc a nuestra realidad. Estas instancias, si bien son temporales, pueden influir en mejorar el funcionamiento estatal y dejar una capacidad instalada. Este tipo de comisiones no deberían existir si la institucionalidad en materia de seguridad funcionara adecuadamente, pero los datos y acontecimientos en materia de seguridad indican que ese no es nuestro caso.

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